El Parlament aprueba la Ley de comunidades baleares en el exterior

El Proyecto de ley de comunidades baleares o isleñas fuera del territorio balear fue aprobado en Consell de Govern el pasado 9 de enero y su objetivo es dar respuesta a cuestiones que la normativa vigente no preveía. La ley precisa el concepto y la definición de población isleña fuera del territorio balear y perfilar los requisitos para gozar de la condición de comunidad isleña fuera del territorio.

En la defensa del proyecto, la consellera de Presidencia, Función Pública e Igualdad, Mercedes Garrido, ha invitado a los diputados a «ponerse en la piel» de la persona migrante que hace décadas tuvo que «dejarlo todo y cruzar el Atlántico durante semanas y que nunca más volvió a pisar su isla».

«En su tierra de acogida formó una familia a la que explicó quién era y de dónde era, le contó hasta el último detalle de su pueblo y le enseñó su lengua. Esta es la descripción de las comunidades baleares en el exterior», ha afirmado.

Garrido ha señalado que ahora, las generaciones posteriores siguen reclamando sus lazos con una tierra que «a veces ni siquiera han visto». Dadas las peticiones de las casas baleares, se delimitan los requisitos que deben cumplir las personas que residen fuera del territorio para que, sin tener la condición política de ciudadanos de Baleares, puedan ser miembros de pleno derecho de las comunidades isleñas fuera del territorio a causa de su vinculación afectiva, emocional, o de cualquier otra naturaleza, con las Islas.

La norma aprobada este martes plantea también la creación del Día Internacional de las Comunidades Baleares en el Exterior, el 15 de julio, en conmemoración de la fecha de promulgación de la primera ley reguladora de las comunidades isleñas fuera del territorio balear.

Por lo que respecta a la representación institucional, la ley propone la creación de dos comisiones específicas, una comisión de los grupos parlamentarios que forman parte del Parlament, como símbolo de la pluralidad que debe presidir las relaciones políticas con la diáspora balear, y una segunda comisión de entidades locales de Baleares con las comunidades isleñas fuera del territorio balear.

En junio del año pasado, la propuesta legislativa que hoy ha recibido el voto favorable de la Cámara recibió el visto bueno del XXIV Consejo de Comunidades Baleares en el Exterior, celebrado en San Pedro (Argentina), con la presencia de la presidenta del Govern, Francina Armengol, y la consellera Garrido.

Todos los grupos parlamentarios, salvo Vox, han votado a favor de la norma argumentando la necesidad de la reforma y la actualización. La diputada de El PI Maria Antònia Sureda ha expresado la necesidad de mantener y aumentar los lazos con los isleños que viven fuera de la región.

Juanma Gómez, por parte de CS, ha expresado la necesidad de que la ley sea más que un reconocimiento emotivo, un reconocimiento de derechos y promueva el asociacionismo.

La diputada del PP Marga Durán ha recordado la necesidad de actualizar la actual regulación, mientras que el diputado de Unidas Podemos Pablo Jiménez ha destacado que la norma servirá para acercar a los baleares en el exterior la realidad cotidiana perdida o para mantener o reconstruir los vínculos con la tierra propia.

Josep Ferrà, de MÉS per Mallorca, ha reivindicado que hay «unas Baleares en el exterior», lo que justifica la ley, «a pesar de algunos niegan la realidad de Baleares en el exterior y quisieran que quedarán diluidas en una acción exterior estatal».

En este sentido, el diputado de Vox Sergio Rodríguez ha criticado que intenten crear «pseudoembajadas» a través de las casas regionales y ha lamentado que se haya eliminado la palabra 'español' en numerosas ocasiones en el texto original. «Con la cesta de la compra desatada, no hay ninguna urgencia para aprobar esta ley», ha indicado. En su réplica, el diputado de CS ha afeado a Rodríguez el uso de términos «trasnochados» para referirse a las comunidades en el exterior y ha sido aplaudido por los diputados socialistas. Por su parte, la diputada del PSIB, Sílvia Cano, que ha coordinado la ponencia, ha destacado que la ley que aprueba esta martes en el Parlament «restituye injusticias y recupera derechos».