La acusación particular reclama que Ruiz declare como investigado pero la Fiscalía Anticorrupción considera que debe ser testigo. | ARCHIVO

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El ‘caso Puertos' se enreda. La magistrada instructora de la causa, Martina Mora, tiene que decidir en los próximos día si cita en calidad de imputado al alcalde de Ibiza, Rafael Ruiz. La declaración como investigado ha sido solicitada por Club Náutico Doce Millas, que ejerce la acusación particular con cierta polémica en una de las piezas separadas, ante las sospechas de que intentó obtener dinero a cambio de retirarse del concurso para adjudicar el náutico que ahora está bajo investigación.

La juez planteó hace unas semanas a las partes qué hacer con cuatro citaciones: la de Ruiz, la del expresidente de Puertos del Estado, José Llorca; la de Álvaro Sánchez Manzanares, secretario general de Puertos del Estado y la del director de los servicios jurídicos del organismo, José Antonio Morillo. La Fiscalía considera que no existen por ahora indicios de delito por parte de ninguno de ellos y aboga porque declaren como testigos. Doce Millas, sin embargo, entiende que los dos primeros tendrán que responder posibles preguntas incriminatorias para ellos y que, por tanto, necesitan la garantía de no estar obligados de decir verdad.

Ante la discrepancia entre las dos acusaciones, la magistrada dio un nuevo traslado a Doce Millas para que justificara los motivos para imputar a Ruiz y Llorca. En su respuesta ahonda en la necesidad de dar garantías procesales a ambos. En concreto, sobre Ruiz sobrevuela la posibilidad de que existieran presiones políticas a la Autoridad Portuària de Balears para manipular la adjudicación del Náutico. Evidentemente, el alcalde no puede responder a la pregunta de si presionó o intentó influir en el proceso como testigo. La posibilidad de que fuera arrebatada la instalación al histórico Club que lo manejaba desde hacía décadas provocó una amplia protesta en toda Eivissa y llegó a provocar iniciativas políticas. En el concurso se incluyó una cláusula para premiar el arraigo que fue más tarde anulada por el Tribunal Superior de Justicia que la consideró ilegal y que motiva las sospechas de prevaricación.