La Justicia estudia medidas ante el atasco provocado por la huelga

Para evaluar las posibles medidas, la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial ha pedido un informe a cada uno de los tribunales superiores, incluido el de Balears. Les ha emplazado a proponer medidas, ya san de refuerzo puntual o de otro tipo, para recuperar lo antes posible las «graves disfunciones generadas», a las que aludía el acuerdo.

El TSJIB estudia las posibles actuaciones, si bien el problema es la falta de una fotografía precisa del impacto de la protesta a día de hoy. Los propios convocantes han calculado que en las Islas, el número de juicios suspendidos estaría en torno a los 1.500 y, en total, las actuaciones afectadas superarían las 3.000. Sin embargo, su distribución ha sido muy irregular: en Balears, en los juzgados de lo Penal o de Instrucción, el seguimiento ha sido mucho más bajo que en Primera Instancia, donde sí se ha notado mucho más. Uno de los primeros pasos será tener cifras fiables del alcance de la huelga. Además de las medidas reclamadas por el Poder Judicial, el propio acuerdo entre el Ministerio de Justicia y el comité de huelga ya prevé la creación de una mesa conjunta entre ambos colectivos para poner en marcha medidas. La comisión permanente también instaba al Gobierno a aportar medios para paliar el atasco formado.

Una de las medidas que ya ha anunciado el Ministerio es un límite a las notificaciones que pueda realizar cada juzgado para evitar un colapso del sistema informático y una saturación a los profesionales que los reciben. Una instrucción impide que se supere un 150% del número de escritos que comunica de forma habitual cada órgano judicial. Durante las semanas que ha durado la huelga, abogados y procuradores han notado un descenso abrupto del número de notificaciones que recibían.