Imagen de la Playa de Palma.

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El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha anulado el pliego de condiciones del concurso para la renovación del alumbrado y del colector de aguas pluviales (CAZ) de la Playa de Palma, a los que el Ayuntamiento y el Govern proyectan destinar 11 millones de euros. La Asociación Hoteleros Playa de Palma (AHPP) ha expresado su inquietud por las consecuencias de este hecho en un comunicado en el que reclama explicaciones sobre el futuro de las actuaciones anunciadas y manifiesta su «sorpresa ante el silencio» de las administraciones responsables.

«La modernización del alumbrado y la renovación del CAZ son dos demandas históricas del sector hotelero de la zona, hemos perdido la cuenta de cuantas veces han sido planteadas en los últimos años, y a su vez, en muchas ocasiones han sido utilizadas como promesa electoral por parte de las diferentes administraciones», ha lamentado el presidente de la patronal, José Antonio Fernández de Alarcón. La presidenta del Govern, Francina Armengol, y el alcalde de Palma, Jose Hila, candidatos del PSOE a la reelección en las elecciones del 28 de mayo, presentaron el 10 de enero un proyecto que se financiaría parcialmente con fondos europeos. «Se anulan los pliegos de condiciones -ha insistido- pero no sabemos que van a hacer las Administraciones al respecto, no se han pronunciado».

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales público el 16 de marzo la resolución en la que anula los pliegos de condiciones para la licitación de la intervención millonaria en atención a las objeciones plateadas por el Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas. Ante esta decisión, definitiva en la vía administrativa, cabe la interposición de recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares. El presidente de los hoteleros considera que la Playa de Palma «sigue siendo la gran olvidada» de los gestores públicos y advierte: «No puede ser que estos más de once millones que iban a ser para la zona ahora se destinen para otros fines». «Si en enero nos pudieron llamar para hacerse la foto, también podrán ahora explicarnos qué es lo que ha sucedido, cómo pretenden solucionarlo y dónde van a ir a parar los 11 millones de euros», ha remarcado Alarcón.