Las facturas de un festival de danza en Menorca están bajo sospecha. | R.C.

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La responsable de la Asociación Cultural Baladí, una organización especializada en danza oriental, reconoció en el Juzgado de Instrucción 1 de Palma que presentó facturas falsas para justificar más de 80.000 euros recibidos en subvenciones. La mujer, única investigada por este fraude, está imputada por delitos de estafa y de falsedad en documento oficial. El caso es prácticamente idéntico al del saxofonista Rodrigo Pérez Vila, condenado a dos años de cárcel. En ambos casos se detectaron facturas falsas para justificar subvenciones recibidas por parte del Institut d'Estudis Baleáric. En el caso de la danza oriental, a los 28.000 euros que recibió por parte de este organismo se suman cerca de 50.000 del Consell Insular de Menorca y otras cantidades menores del Ajuntament de Ciutadella.

Tras la denuncia de la administración ante la Fiscalía, la causa ha terminado en un juzgado de Instrucción de Palma que, en un primer momento intentó inhibirse en favor de un órgano judicial de Menorca. Finalmente ha pesado que la sede del Institut está en Mallorca y mantiene la competencia.
Danza del vientre. La única investigada por el caso declaró hace unas semanas. Admitió que las facturas que había presentado para distintas líneas de subvención y para organizar un festival de danza del vientre en Menorca no eran reales. Sin embargo, sostuvo que los fondos sí se habían empleado para la asociación e intentó justificar que muchos de los pagos se realizaban en efectivo y sin que quedara constancia documental de los mismos.

Todas corresponden a líneas para promoción de las artes escénicas. Junto al festival internacional de música y danza oriental había otras de formación y la gira de una bailarina, la encargada del grupo, a Madrid y México. En el caso de Pérez Vila, el fraude era de mayor cuantía y superaba los 400.000 euros. En el juicio se benefició de una rebaja de la petición inicial de condena, que se elevaba a los ocho años después de devolver más de 250.000 euros y renunciar al proceso judicial que mantenía contra el Govern por el despido que se le aplicó del conservatorio.