Los hoteleros piden «incentivos» y «fondos suficientes» para la instalación de las camas elevables

Así, la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) ha señalado que los hoteles «están en el proceso» para la implantación de las camas en base a los plazos estipulados por ley. No obstante, puntualizan que «para implantar estos soportes precisamos que continúe habiendo fondos suficientes durante todo el tiempo que esté vigente la medida».

Asimismo, recalcan que «como empresarios abogamos por la vía del acompañamiento e incentivos sobre la imposición, porque resulta más eficaz».

Las valoraciones de la FEHM se alinean con lo ya apuntado en el encuentro entre Govern, Consell y sector hotelero la semana pasada, en el que la presidenta de la Agrupación de Cadenas Hoteleras de Baleares, Carolina Quetglas, declaró que las camas elevables no debían ser una medida «obligatoria» y que «no hay que imponerlas».

«La cooperación, el análisis, la evaluación y la medición son los criterios para implantar medidas consensuadas y valorar su eficiencia», subraya la patronal hotelera para poner en valor las «aportaciones rigurosas» y «el trabajo realizado por los empresarios» del sector para desarrollar una metodología de trabajo en colaboración con el Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral (IBASSAL) que primara la protección de la salud de los trabajadores. «Como empresarios nos preocupa la salud de todos nuestros trabajadores y reducir la siniestralidad laboral».

Por otro lado, la patronal remarca que existen todavía cuestiones pendientes sobre la mesa, como el compromiso acerca del reconocimiento de enfermedades profesionales y de la jubilación anticipada de las camareras de piso.

La Unión Balear de Kellys se pronunció al respecto a través de sus redes sociales, donde se quejan de que «estamos reventadas de trabajar, haciendo cada temporada más ricos a los empresarios ¿Y ahora quieren pasarse la ley por donde les da la gana?». En un duro comunicado en el que mostraban su malestar por las insinuaciones de que la medida puede dejar de ser obligatoria, el colectivo de camareras de piso avisa: «Si las camas elevables no se mantienen y la carga no se regula, habrá movilizaciones».

Sara del Mar García, presidenta de la Unión Balear de Kellys, señala que las camas elevables «ya no son mobiliario, sino una herramienta de trabajo para nosotras». En ese sentido, asegura que desde su instalación en algunos hoteles, compañeras que ya trabajan con este tipo de camas han notado sus beneficios. «Se ha notado mucho en el esfuerzo físico que tienen que hacer, sobre todo entre algunas compañeras que antes sufrían de lumbalgia».

Además, critica que «no se entiende que ahora digan que no quieren las camas cuando es algo que pactaron ellos mismo con el Govern». El primer paso del colectivo, señala, será solicitar una reunión con los nuevos responsables políticos para preguntarles directamente cuáles son sus intenciones en torno a esta cuestión. Si la respuesta no es satisfactoria, avisa Del Mar, «haremos lo que tengamos que hacer».

El sindicato UGT ya ha confirmado que va a secundar a las camareras de pisos en cualquier movimiento derivado de una modificación de la ley. José García Relucio, secretario general de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT (FeSMC-UGT) en Baleares, tilda de «vergüenza» las declaraciones de Quetglas en este sentido, ya que, coincide con Del Mar, «es algo que acordaron con el Govern los propios hoteleros».

Asimismo, señala que la normativa contempla plazos de uno a seis años para la instalación de las camas, permitiendo un margen mayor a aquellos establecimientos que justo acababan de cambiar las suyas. «Es una ley muy permisiva, no pueden quejarse». García Relucio afirma que desde el sindicato «vamos a estar al lado de las camareras de pisos reclamando que se cumpla la ley» y avisa de que «si hay que ir a la huelga se irá a la huelga».

Las camas elevables vuelven ahora a la primera línea de la actualidad después de la polémica suscitada en campaña el pasado marzo con las declaraciones de la hoy presidenta del Govern, Marga Prohens. La entonces candidata del PP declaró en un debate televisivo que la medida era «la mayor tontería que hemos oído en política turística en los últimos tiempos». Una afirmación que suscitó las críticas del sector y de las organizaciones sindicales, además de las de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien alabó la normativa balear y destacó los beneficios que tenía para la salud de las trabajadoras.