Gómez, después de su etapa como vicepresidente del Govern balear. | Pere Bota

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El PSIB-PSOE ha exigido este jueves a la presidenta de Baleares, Marga Prohens, el cese del exalcalde de Escorca y actual asesor del Govern Antonio Gómez al considerarle responsable de la indemnización de 96 millones de euros que el Ejecutivo deberá pagar por impedir la urbanización de Muleta II. La diputada autonómica socialista Mercedes Garrido considera a Gómez el «culpable de regalar al empresario Matthias Kühn la posibilidad de construir en Muleta II», en el Puerto de Sóller, cuando Gómez era vicepresidente del Govern balear.

Garrido ha asegurado que «es el PP quien debe pedir perdón y debe hacerlo» cesando a Antonio Gómez como causante de un acuerdo cuando era vicepresidente del Ejecutivo presidido por José Ramón Bauzá.

Los socialistas acusan a Gómez de beneficiar a Kühn con la construcción de Muleta II, a pesar de los informes contrarios del Ajuntament de Sóller, gobernado entonces por Carlos Simarro (PP), y también del Departamento de Territorio del Consell de Mallorca, «también del PP».

Además, Garrido ha recordado que el Govern socialista de Francesc Antich desclasificó en 2008 los terrenos de la urbanización Muleta II, propiedad del empresario alemán.

El origen del problema, ha relatado Garrido, se sitúa en el año 2013 cuando el Ejecutivo autonómico de José Ramón Bauzá acordó con Matthias Kühn la recalificación de Muleta II como suelo urbano a cambio de retirar un litigio judicial iniciado por el empresario contra la desclasificación aprobada por el Govern socialista anterior. Para Garrido la sentencia demuestra que hay dos formas de mirar el territorio: «La del PP, que cada vez que puede lo destruye y el modelo de la izquierda, que intenta protegerlo y conservarlo».

Además ha señalado que ahora el Govern «tendrá que aclarar cómo y a quién pagará la indemnización, porque a día de hoy los terrenos de Muleta II son propiedad de la Sareb, no de Kühn, ya que se ejecutó una hipoteca que había sobre los mismos». La diputada socialista ha alertado también de que esta sentencia no debería comprometer el presupuesto de la comunidad autónoma y ha sostenido que «la presidenta era consciente de que este pleito estaba en marcha».