«Por nosotros no va a quedar», afirma el presidente de la Asociación Hotelera de Platja de Palma, Pedro Marín, quien recuerda que ya ofrecieron en noviembre su ayuda para solventar el primer problema con el que se topa cualquier tentativa de enviar funcionarios a Baleares: el precio de la vivienda. «Nuestro ofrecimiento sigue en pie. Es algo que ya se hizo hace años en Alcúdia y dio buen resultado», asevera.
El ofrecimiento de la asociación fue de al menos una habitación por hotel para los cerca de diez agentes que, según sus cálculos, ya supondrían un refuerzo decisivo para reducir la actividad delictiva. Si el Gobierno se prestara incluso a ampliar ese número no habría problema, sino todo lo contrario: «Lo importante es que llegue un número significativo que pueda marcar la diferencia, no dos o tres agentes».
Asimismo, y en recuerdo precisamente de la experiencia de Alcúdia, Marín aboga también por contar con la Guardia Civil, ya que «ya sea porque es un cuerpo militar o por otros motivos, siempre impone más respeto». Por contra, en relación con las patrullas mixtas con policías de nacionalidades diversas, se muestra escéptico sobre su posible eficiencia. Un escepticismo que extiende a la nueva ordenanza cívica que está preparando Cort, anunciada también en la ITB y que endurecerá las multas a los turistas incívicos. «Las ordenanzas están muy bien, pero el problema es hacerlas cumplir».
Diagnóstico similar al que hace Juanmi Ferrer, CEO de Palma Beach, quien apela al «modelo Ámsterdam» como ejemplo de enfoque punitivo sobre los comportamientos inadecuados y valora en positivo «el mensaje que se está lanzando al público alemán». En todo caso, supedita el éxito de estas normativas –y volvemos al principio– al aumento de la presencia policial.
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