Entre ellas ha estado la Plataforma per la Memòria Democràtica de las Illes Balears, representada por el exsecretario autonómico de Memoria Democrática y miembro de la Plataforma, Jesús Jurado, y por la jurista especializada en Memoria Democrática y miembro de Memoria de Mallorca, Cata Moragues, que fue regidora en el Ajuntament de Palma en la primera legislatura de la democracia.
Ambos han señalado la «paradoja» de que «el mismo Partido Popular que ahora está derogando estas disposiciones, votó en su día a favor de su aprobación en algunos territorios», como es el caso de Baleares.
«La ultraderecha propone derogar los derechos de las víctimas del franquismo en nuestras islas, pero esos derechos van a ser defendidos por muchas personas y asociaciones que llevan décadas ampliando nuestra democracia», ha dicho Jurado. «El Partido Popular y los ultras podrán derogar esta ley, pero lo que no podrán derogar es la dignidad de las víctimas del franquismo. No pudo Franco en 40 años de dictadura y tampoco van a poder ellos», ha añadido.
Las asociaciones memorialistas han remitido además una carta al Ejecutivo comunitario, firmada por una veintena de eurodiputados y dirigida al comisario de Justicia, Didier Reynders, y la comisaria de Valores, Věra Jourová, en la que destacan la importancia de la Memoria Democrática como «un pilar fundamental para la cohesión social y la preservación de los principios democráticos en Europa».
Los firmantes manifiestan su «profunda inquietud respecto a las decisiones adoptadas por parte de los gobiernos autonómicos liderados por Partido Popular y VOX en diversas comunidades autónomas» que, aseguran, «representan un desafío directo a los valores que promueve la Unión Europa».
En concreto, la misiva denuncia el «revisionismo» de las decisiones institucionales de los partidos que las impulsan, y también su discurso público, con el que, insisten «edulcoran, cuando no glorifican, la dictadura franquista.
Es por esto que han solicitado a la Comisión Europea una respuesta «acorde al ataque que está sufriendo la Memoria democrática» en nuestro país por parte de la derecha y la ultraderecha, y que insten a los gobiernos autonómicos a «no caminar en la dirección contraria al acervo común del que nos hemos dotado», y que pasa porque las instituciones de la Unión «hagan todo lo posible para asegurarse de que los atroces crímenes totalitarios contra la humanidad y las graves violaciones sistemáticas de los derechos humanos sean recordados y llevados ante los tribunales».
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