El Parlament rechaza constatar que Prohens vulneró el Código Ético con el viaje de vuelta de la Copa del Rey

El encargado de defender la moción ha sido el portavoz parlamentario de Més per Menorca, Josep Castells, quien ha mencionado las «relaciones peligrosas de Prohens con el Real Mallorca».

En esta línea, ha sospechado que incumplió el Código Ético cuando aceptó que el club le pagara un billete de avión, a la vez que ha cuestionado que su marido viajara no en calidad de regidor, «sino como acompañante de la presidenta».

«No podemos dejar pasar esto. No se ajustó al Código Ético y aceptó un regalo que, al menos de forma aparente, le puso en una situación de conflicto de intereses», ha agregado.

Del mismo modo, se ha referido al caso de Sa Vinya y el cese del director general de Transparencia del Govern, Jaume Porsell, o al hecho de haber puesto a cargo de revisar los expedientes pendientes de la Oficina Anticorrupción a una persona que ha estado en el cargo de gobiernos del PP.

«Parece que es evidente que está en una situación de conflicto de interés para poder resolver estos expedientes», ha cuestionado Castells, justificando de esta manera los distintos puntos que contiene la moción.

El siguiente en intervenir ha sido el diputado socialista Marc Pons, quien ha mencionado como «prioridades del Govern del PP» la «desregulación administrativa disfrazada de discurso de libertad» o la de «poner en lugares estratégicos a gente de confianza».

En esta línea, ha dicho estar «preocupado» por la «deriva» en la que se está yendo y ha pedido «reflexionar en profundidad, porque los caminos que llevan tendrán consecuencias».

Por su parte, el diputado de Vox Sergio Rodríguez ha descrito la iniciativa como «política del fango contra Prohens y el Mallorca».

«No sé si les molesta que el RCD Mallorca tenga el título de Real o que la presidenta tenga oscurantismos intereses en aceptar una invitación de un equipo de fútbol que es enseña de esta Comunidad», ha ironizado.

También la diputada del PP Cristina Gil ha criticado el contenido de la iniciativa, una moción que ha tildado de «hipocresía en materia de transparencia y buen gobierno».

«Hagan una oposición constructiva y que no apele a la política del fango y al lawfare como única salida para perseguir a jueces y a periodistas, porque el Estado de Derecho y la libertad están en juego», ha avisado Gil.

En cuanto al contenido de la iniciativa, contemplaba que el Parlament constatase que la aceptación por parte de Prohens de los gastos del viaje de vuelta de la final de la Copa del Rey vulneraba el Código Ético del Govern.

También se instaba a la Comisión de Ética Pública a estudiar la aceptación, por parte de la presidenta, de los gastos de viaje de vuelta de la Copa e incluir sus conclusiones en su informe anual de supervisión del cumplimiento del Código Ético.

Asimismo, constataba la contradicción del Govern de usar como argumento para eliminar la Oficina Anticorrupción que su director había sido un alto cargo de gobiernos del PSOE y que ahora sea responsable del trato de los expedientes de la Oficina una funcionaria que ha sido hasta ahora un alto cargo del actual Govern.

El Parlament, en este sentido, instaba al Govern a sustituir en el plazo de un mes a esta inspectora general de calidad, organización y servicios, dado que ha sido alto cargo en gobiernos del PP y ha ido en listas electorales del mismo partido.

La iniciativa también pedía cesar al hasta hace poco director general de Transparencia del Govern, Jaume Porsell, por el caso del agroturismo Sa Vinya. Pero sobre esto, como ya ha sucedido, Castells ha reconocido que «no vale la pena perder el tiempo».

Además, la moción pedía modificar en el plazo de un mes el diseño de la nueva página web del Govern para que la información sobre los cargos fueran accesibles desde la opción de menú de Organigrama; que se cubrieran en el plazo de un mes las plazas vacantes de la relación de puestos de trabajo de la Inspección General de Calidad, Organización y Servicios, o que se pusiera en marcha en un plazo de tres meses la Oficina de Evaluación Pública de Baleares.

Por último, se reclamaba que el Govern determinara anualmente la relación de intervenciones públicas prioritarias que tuvieran que ser evaluadas por esta Oficina y que el Ejecutivo autonómico cumpliera con todas las exigencias en materia de publicidad de la evaluación de políticas públicas que establece la ley.