Concentración en contra de la derogación de la ley de memoria el pasado 2 de junio. | Emilio Quirolo

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El PP y Vox han desoído las protestas de las asociaciones memorialistas –el pasado 2 de junio un millar de personas salieron a la calle a expresar su rechazo a la medida– y el próximo martes votarán en el pleno, último pleno ordinario del periodo de sesiones– la toma en consideración de la ley de derogación de la Llei de Memòria i reconoixements democràtics que se aprobó en 2018.

La ley derogatoria –de cuya redacción se ha encargado Vox– contempla la eliminación del censo de víctimas, anula los expedientes y multas por apología del franquismo que se estuvieran tramitando, la participación de las administraciones públicas en proyectos de muros o rutas de memoria, acaba con la entrega de distintivos a familiares de las víctimas y con la prohibición de que las asociaciones o personas multadas por apología del franquismo reciban subvenciones. También caen las subvenciones a asociaciones memorialísticas que preveía la ley.

Lo que si continuará son las labores de exhumación de la fosas ya que estas están reguladas por otra ley que no se deroga: la llamada ‘ley de fosas'. Eso hace, según informan fuentes del Govern, que no se tema a un posible recurso ante el Tribunal de Constitucional, algo que el Gobierno sí ha hecho en relación a la derogación de otras leyes autonómicas.

PSIB, Més per Menorca, Més per Mallorca y Podemos lamentaron lo que consideraron «sumisión del PP ante la ultradercha» y le acusaron de «normalizarla». El socialista Negueruela indicó que mientras el PP Europeo busca el apoyo de los socialistas para la Comisión Europea, en Baleras se se «echa en los brazos de Vox».

Propaganda y lucimiento

El pleno del martes viene cargado y estará marcado por la bronca que ha caracterizado todas las sesiones. En la sesión también se pondrá a votación el dictamen de la comisión parlamentaria que ha investigado el contrato de mascarrillas a la empresa Soluciones de Gestión.El dictamen de conclusiones se aprobó sólo con los votos del PP y de Vox. En él, se da por hecho que existió una «trama corrupta» con la complicidad del Govern anterior y que Koldo García (asesor del entonces ministro Ábalos) intervino para conseguir el contrato.

El PSIB abandonó la comisión el día en que se aprobaban las conclusiones, que terminó con una monumental bronca. El grupo socialista no ha explicado si tampoco participará.

Aunque el del martes es el último pleno ordinario, el presidente del Parlament ha convocado una sesión extraordinaria para el jueves y que la presidenta Prohens comparezca para explicar la propuesta que presentó ante la mesa de sostenibilidad y turismo. Según Josep Castells (Més per Menorca) «el Parlament no es una sala más del Govern» y esa comparecencia será un acto de «propaganda» y «lucimiento».