Los familiares de Picornell, Carlos Fernández Julià y Joana Maria Tortellá, en la puerta de los juzgados junto a su abogado.

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Los familiares de Aurora Picornell han ratificado esta mañana la denuncia contra el president del Parlament, Gabriel Le Senne por un posible delito de odio. Carlos Fernández Julià y Joana Maria Tortellá han trasmitido al magistrado que instruye la causa el dolor generado por el comportamiento del cargo de Vox el pasado 18 de junio, cuando arrancó del ordendador de la diputada socialista, Mercedes Garrido, fotografías de sus familiares y las rompió durante el debate sobre la derogación de la Ley de Memoria Democrática.

Fernández Julià, es nieto de María Pascual y Tortellá sobrina nieta de Aurora, ambas fusiladas en 1936. El primero señaló a la salida de los juzgados: «Todos los gestos tiene un significado y nos produjo dolor, tristeza e indignación». Calificó lo ocurrido como «desagradable, como mínimo». Sin embargo, evitó frases gruesas contra Le Senne: «Estamos donde queríamos estar y será el juez quien decida". Tampoco quiso pronunciarse sobre otras posibles consecuencias para el político o sobre una posible dimisión.

El juzgado de Instrucción 1 de Palma ha asumido por reparto la denuncia de los familiares de Picornell y de las hermanas Antònia y Maria Pascual y la que presentó Memória de Mallorca. Al abrirse un procedimiento judicial se han acumulado en el mismo órgano las presentadas por el Partido Comunista y el Gobierno ante la Fiscalía, que estaban en un momento de tramitación mucho más incipiente y sin que el Ministerio Público aún se hubiera pronunciado sobre la posible existencia de un ilícito penal.

Las denuncias apuntan a la existencia de una grave falta de respeto contra tres mujeres víctimas de violaciones de derechos humanos, que fueron fusiladas y cuyos cuerpos permanecieron durante décadas desaparecidos. La primera diligencia encargada por el magistrado ha sido la comparecencia de los familiares de las asesinadas y de la asociación, que tendrá que personarse mañana en la sede judicial. A partir de ahí, el juez cuenta con los vídeos de la sesión y tendrá que decidir si cita o no a Le Senne en calidad de investigado.