Tribunal

El tribunal, presidido por el magistrado Fernando Andreu, tiene previsto interrogar a lo largo de esta semana a los agentes de la Guardia Civil encargados del caso.

Víctor MalagónPalma30/09/24 17:47
TW
4

«Toda la operación era una bola de nieve; si la vas alimentando, va creciendo». Los expertos del FROB que analizaron la financiación de Sa Nostra al Grupo Sotohermoso insistieron en el juicio que celebra la Audiencia Nacional en que la cúpula de la entidad se embarcó en un negocio con un «riesgo tremendo» que acabó mal. Recordaron que, el coste que tuvo que pagar el Estado por el rescate de la entidad, cuando ya había sido diluida dentro de BMN supero los 1.600 millones de euros que inyectó el FROB, el fondo de reestructuración bancaria que canalizó las ayudas públicas a las cajas de ahorro. El fondo tuvo que destinar esa cantidad en fondos del Estado a la entidad sucesora de Sa Nostra, en la que también estaban Caja Murcia, Caixa Penedés y Caja Granada.

Los estos peritos son una de las pruebas estrella de las acusaciones: la Fiscalía y la Abogacía del Estado que reclaman más de 20 millones de euros en base a sus informes y al de los inspectores del banco de España. Los auditores de Price Waterhouse, contratados por el FROM que declararon ayer llevaron a la querella contra la cúpula de Sa Nostra. Su informe es muy crítico con la operativa que siguió la caja con Sotohermoso: una sociedad que no tenía ingresos y que todo lo fiaba al desarrollo de una serie de urbanizaciones. Insistieron en que no existía ni siquiera una tasación fiable de esos suelos y que la caja se limitó a financiar a fondo perdido: «Era un círculo vicioso: refinanciar, refinanciar y refinanciar», señalan. De hecho, la pusieron como ejemplo del agujero en las cajas de ahorro y consideran que provocó un agujero patrimonial de 30 millones de euros.

Sin embargo, interrogados por las defensas también dijeron que no encontraron ningún tipo de rastro en su investigación de que hubiera un «conflicto de intereses» entre los acusados, en concreto de los exdirectores generales de la caja. También admitieron que no hay señal alguna de que los directivos de la entidad sacaran cualquier tipo de beneficio personal de las operaciones de financiación con la inmobiliaria.

La fiscal intentó desmentir a través de los expertos una de las tesis de defensa: que no era posible permitir un impago en Sotohermoso por el impacto que hubiera tenido en la reputación de la caja. Los inspectores señalan que una declaración de concurso era una alternativa para intentar frenar esa «bola de nieve». «Hubiera sido buscar una medida de protección y de frenar la sangría».

Fueron en especial críticos con la opción de compra firmada por Sa Nostra sobre la totalidad de la inmobiliaria en 2008, la tiempo se le inyectaban más fondos. Suponía, sostuvieron, eliminar cualquier garantía frente a impagos y asumir toda la deuda por parte de la caja. Preguntados por las defensas si eso implicaba que los activos pasaban a Sa Nostra, respondieron que se ignoraba el valor de los mismos. Señalaron que las tasaciones realizadas arrojaban un posible valor de 30 millones si se urbanizaba o de un millón sin urbanizar.