Hacienda liquida la Oficina Anticorrupción y se queda con sus cuentas y bienes

En el escrito se acuerda la liquidación, se ordena el cierre de una cuenta bancaria de la entidad y se indica que el importe de esta cuentas debe trasladarse a otra cuenta propiedad de la Comunitat Autònoma, que además se hará cargo de los gastos o comisiones bancarias por el cierre de la cuenta. Una vez liquidada la entidad, la resolución publicada en el BOIB señala que la Administración autonómica, a través de la Conselleria de Presidència, se subroga en todos sus derechos y obligaciones.

En su caso, se incluyen las facturas que estén pendientes de presentarse a posteriori de contratos como agua, luz, alquiler, contratos informáticos y otro de suministros.

El liquidador ya se ha puesto en contacto con una decena de empresas a las que comunica que la Administración se subroga de todas sus contrataciones en herramientas de investigación, alarmas para evitar entradas ilegales, y otros servicios como arrendamiento del local y limpieza de las instalaciones. A cambio, el responsable de la liquidación de la Oficina determina que todos los bienes propiedad de la entidad pasarán a manos de la Administración. El acuerdo incluye un listado diversos de bienes que en su mayoría son ordenadores y mobilliario de oficina con precios que van de una impresora valorada en 3.489,94 euros a los 3.553,77 euros de los servicio de alarma a 3,52 euros con que están valorados ratones para acceder a los ordenadores.

El proceso de liquidación de las Oficina Anticorrupción ha sido muchísimo más rápido que el de constitución. Fue uno de los primeros anuncios que realizó el Govern de Marga Prohens tras ganar las elecciones. El 18 de abril de 2024 se publicó en el BOIB la Ley de creación del Registro de Transparencia y Control del Patrimonio y de las Actividades de los Cargos Públicos de las Balears, que entró en vigor al día siguiente de su publicación en el BOIB. En una de sus disposiciones se incluía la obligación de liquidar la Oficina contra la Corrupción en el plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de la ley. Pasados esos seis meses exactos, llega el cierre total de la Oficina.

La Oficina se creó en el año 2018 en virtud de una exigencia de Podemos al primer pacto de Francina Armengol. Jaime Far, que fue su primer director, tuvo muchas dificultades y contratiempos para sacar adelante un organismo que el PSIB no veía del todo claro. Far tuvo un sonado choque con los responsables de la Sindicatura de Comptes a raíz de un informe de auditoria de la Oficina en el que se detectaron algunas irregularidades. Far terminó dimitiendo por razones personales y su puesto lo ha ocupado Cristòfol Milán, elegido poco después por el Parlament balear, que ha permanecido hasta la liquidación.