Mantener la presencia física en los municipios. Pese a la reducción de sucursales que está impulsando el sector bancario, la intención de CaixaBank es no desaparecer de ningún municipio en el que se halle presente. Tampoco prevé recortes de personal. | Efe -

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El plan estratégico de CaixaBank 2025-2027 se enmarca en una proyección del escenario macroeconómico de subida del turismo nacional e internacional y de los créditos hipotecarios para la compra de vivienda. Un contexto que va a tener especial relevancia en Balears, comunidad plenamente inmersa en una versión radicalizada de dos de los grandes problemas del conjunto de España, saturación turística y crisis habitacional.

El consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, y el director de Planificación Estratégica y Estudios, Enric Fernández, presentaron ayer el plan trianual en Madrid ante cerca de un centenar de medios de España y Portugal. Ambos dibujaron un contexto cargado de incertidumbre por la situación geopolítica, pero con oportunidades sólidas de crecimiento. En el caso del turismo, Fernández especificó que «va a seguir siendo un motor importante» en 2025 y en adelante; la previsión del PIB turístico nacional es del 6 % para 2024 y del 4 % para el año que viene.

En paralelo, destacó el aumento de la inversión hotelera, que en las Islas, detalló, «ha tenido una incidencia muy importante en los últimos años debido sobre todo a la búsqueda de la mejora de la calidad de la oferta».

Por otro lado, la previsión del banco en cuanto a actividad inmobiliaria es de una subida de algo más del 2 % de los créditos hipotecarios (CaixaBank genera una de cada cuatro hipotecas en España). Así, se espera un aumento del ritmo de construcción de nueva vivienda y un descenso de los tipos de interés. «Hay una brecha importante entre la oferta y la demanda», señaló Fernández para inicidir en que se está observando precisamente ahora un aumento de la promoción de vivienda asequible, «una tendencia que esperemos que siga en los próximos años».

Para ello, insiste Gortázar, «necesitamos menos resistencia a la colaboración público-privada y que haya más suelo disponible». En ese sentido, abogan por políticas públicas que incidan en la ampliación de suelo edificable «allí donde haya más demanda», la agilización de trámites y la generación de seguridad jurídica para inversores. Así, se están adoptando un ritmo de construcción de 120.000 viviendas al año, por encima de las 100.000 de hace unos años «pero todavía insuficientes». Con respecto a las promociones públicas de alquiler asequible, Fernández ha lamentado que las 5.000 en marcha actualmente en el conjunto del Estado constituyen, desgraciadamente, «una cifra irrisoria».