En los corrillos de los juzgados apenas se habla del 'caso Pau Rigo'. El lío en la Fiscalía de Balears, con sus ramificaciones humanas es el tema. La decisión del Tribunal Supremo de anular el nombramiento de Julio Cano como fiscal superior de Balears tras el recurso de otro fiscal de Balears ha sido un terremoto. A la espera de que se ejecute la sentencia y de saber cómo, Cano sigue como jefe, en una situación de interinidad en la que cuenta con el respaldo de una gran mayoría de la plantilla, lo que no quiere decir que no tenga críticos.
La sentencia del Supremo obliga a iniciar de nuevo el concurso. El Alto Tribunal apunta a que se omitió por parte de la Fiscalía General del Estado y uno de sus órganos, la Inspección Fiscal, un trámite en el proceso. No se remitió al Consejo Fiscal información para que se pronunciara sobre una posible incompatibilidad de Cano para el cargo ante su relación con otro fiscal que en esas mismas fechas salió en una comisión de servicios en Madrid. Fue el propio candidato el que informó de esa posiblidad a la Inspección Fiscal que descartó cualquier problema y zanjó ahí el asunto. Cano recibió cinco votos en del consejo, incluido el del fiscal general, Álvaro García Ortiz. El otro aspirante que obtuvo cinco votos, el fiscal coordinador de Menores, José Díaz Cappa, fue quien llevó al Supremo el nombramiento. El tercer aspirante, el histórico fiscal superior, Bartomeu Barceló, que aspiraba a su quinta elección, obtuvo dos.
En Fiscalía se espera que la resolución del asunto no sea demasiado larga. El propio Supremo indicaba que debía ser ágil. El Consejo Fiscal debe reunirse de nuevo para decidir sobre si existe compatibilidad o no. El Estatuto Fiscal establece un régimen bastante severo de incompatibilidad siempre que exista una jerarquía directa. Es ahí donde está la duda en torno a la resolución. En cualquier caso, la decisión del Consejo será vinculante y ahora mismo tiene una mayoría clara de la Asociación de Fiscales, ferozmente enfrentada con García Ortiz y de la que es miembro Díaz Cappa. Cano, al igual que el fiscal general pertenece a la Asociación Progresista de Fiscales.
Mientras queda la situación de interinidad, aún con incógnitas. La vuelta a la situación de 2023 que marcaba el Supremo con Bartomeu Barceló de jefe y Julio Cano como teniente fiscal es irreal: ya hay un teniente fiscal, Adrián Salazar que no ha sido parte en el procedimiento judicial y que, por tanto, no puede sufrir sus consecuencias.
Si el Consejo valora que Cano es un candidato válido, podrá ser nombrado de nuevo. De lo contrario, quedarían dos opciones para el fiscal general: una vuelta de Barceló o darle el cargo al 'rebelde' Díaz Cappa. Eso si los tres mantienen la candidatura o si no se busca una alternativa. La Fiscalía General del Estado no se ha pronunciado por ahora al respecto. El conflicto altera de todas formas la situación de la Fiscalía en Balears, que se había suavizado mucho tras unos años tumultuosos y de tensión interna, marcados en parte por la figura de Miguel Ángel Subirán, condenado por el TSJIB a nueve años de cárcel y pendiente del Supremo. El organismo está además en medio de un marcado relevo generacional con varias jubilaciones recientes y próximas de la generación de fiscales que se incorporó en los años ochenta y principios de los noventa y con numerosas incorporaciones de nuevos fiscales.
5 comentarios
Para comentar es necesario estar registrado en Ultima Hora
Qué tonto es Coluche.
Mas bien han sido las DECISIONES DE LA FISCALIA que la han llevado ante el SUPREMO.
AlcalinoAixò passa en un pais civilitzat. De no ser civilitzat no podria passar.
Amb el que té Diaz Cappa pot optar a aquesta plaça?
¿Cómo es posible que en un país civilizado tengamos un Fiscal General del Estado investigado y continúe ejerciendo como si nada? este señor al menos debería estar apartado de sus funciones hasta que no se aclare su situación como cualquiera otra persona. Si saliese condenado debería ser expulsado inmediatamente de la carrera.