Un repartidor de una empresa de mensajería y paquetería cargando envíos para su entrega. | Josep Bagur Gomila

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El pequeño comercio de Baleares reclama ayudas para poder competir en igualdad de condiciones con sus homólogos peninsulares en el frente de las ventas online. Las patronales del sector han formado un frente común para trasladar sus reivindicaciones a un Govern que ha prometido defender su causa ante el Gobierno central y conseguir algún tipo de bonificaciones que reduzcan los costes de envío.

La evolución de los hábitos de consumo hacia las compras por internet experimentó una sensible aceleración a raíz del periodo pandémico. Al pequeño y mediano comercio no le quedó más remedio que espolear el proceso de digitalización en el que ya se encontraba inmerso -o iniciarlo si no lo estaba- para adaptarse a los nuevos tiempos.

Desde entonces han estado batallando con las desventajas competitivas con gigantes de la venta online como Amazon o las grandes superficies, pero la insularidad supone un hándicap que les penaliza frente a cualquier otro competidor. El objetivo es paliar esas desventajas con bonificaciones a los traslados igual que los ciudadanos de las Islas cuentas con un descuentos de residente para desplazarse a otros territorios del ámbito estatal. «Los comercios de aquí han dado también un salto muy importante en los últimos años en todo lo relativo a la venta por internet, pero la insularidad nos perjudica y deberíamos poder competir en igualdad de condiciones, que es algo que se debe garantizar a los territorios insulares según el reglamento de la UE», señala Mateu Cunill, presidente de la Confederación Balear del Comercio (CBC), quien fue el encargado de trasladar en persona a Marga Prohens una problemática que la presidenta ya ha puesto sobre la mesa de Pedro Sánchez en su último encuentro de a finales de año.

Catalina Barceló, directora general de Economía y Estadística del Govern, explica que se está en vías de realizar un análisis de actualización de los costes de insularidad «para además conocer las posibilidad de pedir una ampliación del límite de minimis». Barceló afirma que «el coste de la insularidad es un problema y una barrera que va más allá del sector industrial» y de los sobreprecios por la importación de materia prima o la exportación de las manufacturas. «También afecta a los comercios y somos muy conscientes de esa problemática», asevera para añadir que por el momento, no hay nada que vaya a modificarse de inmediato en el Régimen Especial de las Illes Balears (REIB) y que «ya veremos cuál es la mejor alternativa que tenemos» una vez se tenga el estudio de los sobrecostes insulares en la mano.

Desde la patronal AFEDECO, su presidenta, Joana Manresa, explica que es difícil cuantificar con precisión la diferencia de costes con competidores del resto del Estado, aunque aventura que podrían rondar el 30 %. Un hecho que provoca que los envíos puedan dejar de ser una opción rentable en algunos casos. «Los márgenes de beneficio desaparecen e incluso dejar de valer la pena». Llegara de la forma que fuera, «cualquier ayuda es bienvenida»; lo único irrebatible es que las reglas actuales de competición no son equitativas, máxime en un momento en que las ventas online se están convirtiendo en una parte cada vez más importante del volumen de negocio de casi cualquier tipo de segmento comercial.

«Los comerciantes que está invirtiendo en nuevas tecnologías nos dicen que no les merece la pena hacer según qué envíos», señala Carolina Domingo, presidenta de PIMECO, para resaltar que «el REB fue creado para solucionar desigualdades como esta». Que se corrija este desequilibrio, asevera, «es uno de los grandes objetivos de este año» para el sector. No solo para hacer justicia a los comerciantes locales, ya que «también generaría más interés en establecerse en Baleares para cualquier empresa».

Las patronales afirman que los tipos de productos penalizados actualmente por la insularidad y que saldrían beneficiados abarcan un abanico amplísimo que va desde el sector textil a la artesanía o los productos agroalimentarios, tal y como han venido lamentando también desde la Associació de Petits Cellers por la práctica imposibilidad de competir en igualdad de condiciones.