Fuentes gubernamentales señalaron que Interior tiene previsto
acercar en una o dos semanas a un reducido grupo de reclusos
etarras. No obstante, en la rueda de prensa posterior al Consejo de
Ministros, el portavoz del Ejecutivo, Josep Piqué, indicó que «no
cabe interpretar esas decisiones en el marco de un cambio de
orientación respecto a lo que ha venido sucediendo en el pasado».
Piqué señaló, además, que el Gobierno ve «deseable un segundo
contacto con ETA» ya que en este momento el proceso «avanza» y
«nunca como ahora habíamos tenido tantas oportunidades para lograr
la paz definitiva». Mayor Oreja precisó que el cambio en la
política penitenciaria depende de la posición de los reclusos y de
su alejamiento del fenómento del terror de la organización
terrorista. Según informaron fuentes gubernamentales, el
Departamento que dirige Mayor tiene previsto acercar en breve a
entre cuatro y seis reclusos de la banda.
Pese a ello, y por el momento, el momento el Ejecutivo no baraja
cambiar su política penitenciaria y que no está contemplada la
posibilidad de acercar a Euskadi un grupo importante de etarras.
Para que esa circunstancia se produzca, el gobierno desea percibir
cambios importantes en la banda armada encaminados a un abandono
definitivo de las armas. El pasado mes de mayo, el Ministerio del
Interio barajó ya hacer un traslado de cuatro o cinco presos de ETA
así como la concesión de un tercer grado. Finalmente, el Ejecutivo
paralizó ese plan tras la polémica creada por unas declaraciones
del presidente del PNV, Xabier Arzalluz, quien anunció que su
partido rompía relaciones con Oreja.
Por otro lado, Piqué expresó el deseo del Gobierno de que se
produzca un segundo contacto con ETA después del mantenido el
pasado mes de mayo con la dirección de la organización terrorista
ya que, según señaló «nunca como ahora» había habido tantas
oportunidades para lograr la paz. «Estamos en un momento en el que
el proceso avanza», dijo el también titular de Industria y Energía
quien subrayó, una vez más, que la paz no debe tener «contrapartida
política» ni «precio», y que debe ser «compatible con la libertad y
con el respeto escrupuloso a la voluntad de los ciudadanos».
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