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EFE - SEVILLA/MADRID El Gobierno teme que el auto del Constitucional que levanta la suspensión del decreto de la Junta de Andalucía que recogía una subida de las pensiones no contributivas abra una carrera competitiva entre las autonomías, pero oposición, sindicatos y patronal consideran que la medida beneficia a los pensionistas.

El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía, Rodrigo Rato, dijo ayer que «los que han dado el paso para diferenciarse del PP deberían pensarlo y darse cuenta de que pueden crear una dinámica que al final les perjudique con consecuencias muy peligrosas».

Sin embargo, el consejero andaluz de Asuntos Sociales, Isaías Pérez, afirmó que el auto supone un «varapalo» al Gobierno y pidió la dimisión del ministro de Trabajo, Manuel Pimentel, exigiéndole reconocer «su error, pidiendo perdón a los pensionistas por la inseguridad creada».

Por su parte, Pimentel apuntó que el auto no entra en cuestiones de fondo, y recalcó la necesidad de mantener la igualdad entre los pensionistas, pues sería absurdo que cada alcalde y presidente subiera las pensiones por su cuenta.

En esa misma idea insistió el ministro de Administraciones Públicas, Angel Acebes, quien dijo que sería «perjudicial» que cada comunidad fijara la cuantía de las pensiones a libre albedrío, así como el titular de Educación, Mariano Rajoy, quien consideró injusto que una personas cobren más que otras únicamente por vivir en un lugar.

El secretario general del PSOE, Joaquín Almunia, por su parte, dijo que el recurso que el Ejecutivo presentó ante el TC para evitar que otras autonomías emularan la decisión de la Junta de incrementar las pensiones era una «vergüenza» porque supone que «el Gobierno sólo quiere utilizar las pensiones desde el punto de vista electoralista». El secretario de Política Autonómica del PSOE, Ramón Jáuregui, dijo ayer que es necesario un acuerdo de todos para que sea en el seno del debate presupuestario donde se decidan las mejoras de las pensiones mínimas.