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El ministro de Administraciones Públicas, Àngel Acebes, justificó la iniciativa del Gobierno en que «todos debemos hacer lo posible para que se restablezca la situación de legalidad en Melilla». Además anunció que el Ejecutivo solicitará a los Tribunales que convoque el Pleno de la ciudad para que los diputados socialistas Javier De Pro y Rafael Hernández puedan jurar o prometer sus cargos para ejercer como representantes de los ciudadanos de Melilla, con plenitud de derechos. Los partidos de la oposición en Melilla (Unión del Pueblo Melillense y Partido Popular) mostraron su satisfacción ante el anuncio del Gobierno anunciando que consideran «lógico» que tome cartas en el asunto mientras que Aberchán anunciaba su respeto ante la decisión porque «en los tribunales se verá quién tiene la razón».

El presidente de la comunidad afirmó que «es lógico que interpongan un recurso si piensan que tienen la razón; igual que nosotros también recurrimos al Supremo porque creemos que la Junta Electoral Central ha invadido todas las competencias de la comunidad». En opinión del ministro Acebes, el gran responsable de la crisis es el PSOE, por lo que les pidió que cumplan sus acuerdos y eviten que gobiernen partidos que no defienden el interés general porque en otro caso, se estaría produciendo una clara deslealtad institucional.

Desde las filas socialistas, se critica que se viertan acusaciones hacia el PSOE en este asunto porque según manifestó el secretario general de esta formación, Joaquín Almunia, «los partidos democráticos debemos ir unidos frente al GIL». Para el secretario socialista, «el caso de Ceuta es intolerable porque se trata de una compra de voluntades políticas a cambio de favores que el líder del Gil en la ciudad no se recata de anunciar hasta en los medios».