La defensa del general Augusto Pinochet sostiene en la apelación
presentada ayer que España no tiene jurisdicción en el caso y que
todo el proceso contra el general está politizado. Los abogados del
dictador solicitaron ayer al Tribunal Superior de Londres que les
permita apelar el dictamen del 8 de octubre del juez Ronald Bartle,
favorable a la extradición a España del ex dictador chileno por 34
cargos de tortura y uno de conspiración para la tortura.
En su petición por escrito, la defensa expuso las alegaciones
por las que considera que su cliente debe ser puesto en libertad y
que, por tanto, no ser extraditado a España. Estos documentos no
han sido hechos públicos y sólo se conocerán si el Tribunal
Superior acepta escucharlos en una audiencia judicial. Fuentes
cercanas a Pinochet indicaron que sus abogados aducen en un «habeas
corpus» que el proceso contra su cliente está «motivado por razones
políticas», argumento que ya se reservaron durante la vista sobre
la extradición, celebrada del 27 al 30 de septiembre.
En el derecho británico, el «habeas corpus» tiene una definición
muy amplia y permite, entre otras cosas, que una persona apele
contra su detención y su procesamiento si los considera injustos.
La apelación permite una revisión completa de todo el proceso
judicial, afirmó el abogado Fernando Barros, portavoz del general
chileno. En el mismo sentido se pronunció el abogado Fernando
Barros, portavoz del general chileno. Los argumentos adicionales
que la defensa del senador vitalicio esgrimirá en esta nueva fase
pretenden convencer a los jueces británicos de que «esta es una
solicitud de extradición que ha sido hecha de mala fe, porque la
verdadera motivación no es de justicia, ni de derechos humanos,
sino política», según Barros.
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