TW
0

El fiscal se ha opuesto a la petición del juez Javier Gómez de Liaño de suspender la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo que le ha condenado a 15 años de inhabilitación por prevaricación durante la instrucción del «caso Sogecable».

La Fiscalía ha presentado un escrito contrario a la suspensión de la ejecución de la condena, ya que aunque no comparte el sentido de la sentencia, y de hecho pidió la absolución de Liaño, las dictadas por el Supremo son firmes y directamente ejecutables. Además, para el fiscal se trata de una condena larga, que no entra en los supuestos recogidos en el artículo 4 del Código Penal.

Liaño alegó este precepto para explicar que de no suspenderse la ejecución de la sentencia podría perder eficacia el indulto en caso de ser concedido por el Gobierno. Por último, el fiscal señala que se opone a la petición de Liaño en coherencia con la postura que ha mantenido en otros casos similares, como la sentencia de los GAL. Por su parte, Julio Anguita acudió esta mañana al Supremo para pagar la multa impuesta a Liaño y a su salida del Tribunal explicó que con su iniciativa de abrir una cuenta para recabar fondos para el juez había reunido tres millones. Anguita declaró que «he actuado según mi conciencia, que es como actúo siempre y eso para mí es muy importante».

El ex vicepresidente del Gobierno y diputado socialista Alfonso Guerra dijo por su parte que «lo que procede es disolver la Audiencia Nacional», ya que se ha convertido en una «especie de monopolio peligrosísimo».