El fiscal se ha opuesto a la petición del juez Javier Gómez de
Liaño de suspender la ejecución de la sentencia del Tribunal
Supremo que le ha condenado a 15 años de inhabilitación por
prevaricación durante la instrucción del «caso Sogecable».
La Fiscalía ha presentado un escrito contrario a la suspensión
de la ejecución de la condena, ya que aunque no comparte el sentido
de la sentencia, y de hecho pidió la absolución de Liaño, las
dictadas por el Supremo son firmes y directamente ejecutables.
Además, para el fiscal se trata de una condena larga, que no entra
en los supuestos recogidos en el artículo 4 del Código Penal.
Liaño alegó este precepto para explicar que de no suspenderse la
ejecución de la sentencia podría perder eficacia el indulto en caso
de ser concedido por el Gobierno. Por último, el fiscal señala que
se opone a la petición de Liaño en coherencia con la postura que ha
mantenido en otros casos similares, como la sentencia de los GAL.
Por su parte, Julio Anguita acudió esta mañana al Supremo para
pagar la multa impuesta a Liaño y a su salida del Tribunal explicó
que con su iniciativa de abrir una cuenta para recabar fondos para
el juez había reunido tres millones. Anguita declaró que «he
actuado según mi conciencia, que es como actúo siempre y eso para
mí es muy importante».
El ex vicepresidente del Gobierno y diputado socialista Alfonso
Guerra dijo por su parte que «lo que procede es disolver la
Audiencia Nacional», ya que se ha convertido en una «especie de
monopolio peligrosísimo».
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