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El pleno del Congreso debatirá hoy el dictamen sobre la Ley de Extranjería que tanta polémica está levantando en los últimos días. El presidente del Gobierno, José María Aznar, afirmó en Bruselas que antes de que se apruebe el texto habría que estudiarlo a fondo, frente al portavoz del Gobierno y ministro de la presidencia, Josep Piqué, que aseguró que la ley se aprobará con independencia de lo que opine en Ejecutivo. En su opinión, «el Gobierno no puede parar un proceso que está en manos del Parlamento». Además, a las críticas de la oposición se ha sumado un anuncio de movilizaciones por parte de más de 60 organizaciones sociales durante el proceso de tramitación en el Senado.

El presidente del Gobierno afirmó que hay personas que plantean que la ley tiene que estar lista antes del 25 de diciembre pero que no saben qué contiene. «Soy más partidario de saber exactamente qué dice la ley porque a lo mejor tiene que estar aprobada el 20 de diciembre o un poco más tarde en función del contenido», argumentó.

Por otro lado, Piqué explicó en una entrevista en Antena 3 que las discrepancias surgidas en el Ejecutivo respecto a la Ley de Extranjería se basan en algunos puntos que chocan con las conclusiones de la Cumbre de Tampere, «que habría que revisar».

Sin embargo, afirmó que hay tiempo para aprobarla «siempre que no se disuelva el Parlamento antes que termine el año». En cualquier caso, afirmó que «si el resto de las fuerzas políticas quieren mantenerla tal cual, así saldrá».

Entretanto, el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso anunció que mantendría las enmiendas que no le fueron admitidas a trámite y pidió al resto de los grupos que no rompan el consenso que se ha conseguido en los 18 meses que han estado trabajando en el texto.

En este sentido, la portavoz socialista Matilde Fernández, denunció que el Grupo Popular está manteniendo conversaciones unilaterales con CiU para introducir enmiendas en el Senado, lo que retrasaría la aprobación de la reforma de ley y no vería la luz en esta legislatura por la disolución del Parlamento. Fernández denunció además que el gobierno no esté contactando con todos los grupos políticos y mantenga conversaciones sólo con CiU.