El pleno del Congreso debatirá hoy el dictamen sobre la Ley de
Extranjería que tanta polémica está levantando en los últimos días.
El presidente del Gobierno, José María Aznar, afirmó en Bruselas
que antes de que se apruebe el texto habría que estudiarlo a fondo,
frente al portavoz del Gobierno y ministro de la presidencia, Josep
Piqué, que aseguró que la ley se aprobará con independencia de lo
que opine en Ejecutivo. En su opinión, «el Gobierno no puede parar
un proceso que está en manos del Parlamento». Además, a las
críticas de la oposición se ha sumado un anuncio de movilizaciones
por parte de más de 60 organizaciones sociales durante el proceso
de tramitación en el Senado.
El presidente del Gobierno afirmó que hay personas que plantean
que la ley tiene que estar lista antes del 25 de diciembre pero que
no saben qué contiene. «Soy más partidario de saber exactamente qué
dice la ley porque a lo mejor tiene que estar aprobada el 20 de
diciembre o un poco más tarde en función del contenido»,
argumentó.
Por otro lado, Piqué explicó en una entrevista en Antena 3 que
las discrepancias surgidas en el Ejecutivo respecto a la Ley de
Extranjería se basan en algunos puntos que chocan con las
conclusiones de la Cumbre de Tampere, «que habría que revisar».
Sin embargo, afirmó que hay tiempo para aprobarla «siempre que
no se disuelva el Parlamento antes que termine el año». En
cualquier caso, afirmó que «si el resto de las fuerzas políticas
quieren mantenerla tal cual, así saldrá».
Entretanto, el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso
anunció que mantendría las enmiendas que no le fueron admitidas a
trámite y pidió al resto de los grupos que no rompan el consenso
que se ha conseguido en los 18 meses que han estado trabajando en
el texto.
En este sentido, la portavoz socialista Matilde Fernández,
denunció que el Grupo Popular está manteniendo conversaciones
unilaterales con CiU para introducir enmiendas en el Senado, lo que
retrasaría la aprobación de la reforma de ley y no vería la luz en
esta legislatura por la disolución del Parlamento. Fernández
denunció además que el gobierno no esté contactando con todos los
grupos políticos y mantenga conversaciones sólo con CiU.
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