El Pleno del Congreso aprobó ayer, con 198 votos a favor, 8 en
contra y 138 abstenciones, la Ley Penal de los Menores, que fija en
14 años la edad a partir de la cual se puede exigir responsabilidad
penal a los menores de 18 años y establece una serie de medidas
sancionadoras y reeducadoras para los jóvenes que cometan delitos o
faltas. Esta Ley, aprobada ya definitivamente, establece que la
responsabilidad penal del menor se podrá ampliar hasta los 21 años
si el juez así lo decide.
Durante el debate, al que asistió la ministra de Justicia,
Margarita Mariscal de Gante, algunos portavoces de los grupos
criticaron varias de las enmiendas introducidas al texto en el
Senado por entender que supone un retroceso sobre el remitido desde
el Congreso. Así, Alvaro Cuesta, del PSOE, consideró que el Senado
ha asestado «un golpe de muerte» al texto y «vuelve a emerger el
regusto autoritario» e indicó que el resultado final es «pura
operación cosmética», ya que «nace sin un sustento práctico para
poder aplicarla».
Recordó que la memoria económica elaborada sobre esta nueva
normativa fijaba en 4.000 millones de pesetas el coste de su
aplicación, en tanto que algunas autonomías como Galicia, Andalucía
o Comunidad Valenciana han cuantificado ese coste sólo en sus
respectivos territorios en cantidad incluso superiores.
Además, según Cuesta, la ley es también «inaplicable» porque no
está extendida la planta de jueces de menores y porque al menos
requerirá 130 nuevos fiscales, cifra no prevista, por lo que
anunció que en el 2000, «cuando gobierne mi partido», se llevará a
cabo una reforma de la normativa.
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