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El Pleno del Congreso, con el voto de los diputados de todos los grupos a excepción del PP, rechazó ayer las enmiendas incluidas en el Senado en la proposición de Ley de Extranjería, ante lo cual, Gobierno y Partido Popular anunciaron que incluirán la modificación de este texto en su programa electoral como prioridad para la próxima legislatura.

Las enmiendas de la Cámara Alta fueron rechazadas por 190 votos en contra (PSOE, IU, CiU, PNV, CC y Grupo Mixto), 153 a favor (PP), y una abstención, correspondiente a una equivocación de un diputado del Grupo Popular.

Tras la votación, el portavoz del Gobierno, Josep Piqué, se mostró convencido de que la sociedad española «va a comprender» la posición del Gobierno en torno a la reforma de la Ley, así como que la modificación del texto aprobado sea una de las prioridades de la próxima Legislatura. Piqué hizo estas consideraciones después de que las enmiendas introducidas por PP y CiU en el Senado resultasen derrotadas en el Congreso y no obtuviesen ni siquiera el respaldo de los nacionalistas catalanes. La Ley quedó, por tanto, como salió del Congreso el pasado 25 de noviembre, la versión que más amplía los derechos de los inmigrantes.

Piqué también lamentó las «posiciones contradictorias» de otros grupos, pero descartó que la negativa de CC a apoyar al Gobierno pueda «empañar» la colaboración de ambas fuerzas políticas a lo largo de la legislatura.

En el debate, y tras escuchar las intervenciones del resto de portavoces contrarias a la propuesta del Senado, Luis de Grandes, del PP, adelantó que, al no conseguir el apoyo suficiente para su aprobación, su partido lo tendrá en cuenta para incluirla entre sus compromisos electorales.

«Sepan muchos que no se está derrotando al Gobierno del PP, sino que, al dar curso a una mala ley, se está derrotando al Gobierno de España en una materia en la que intereses vitales del Estado se ponen en juego», dijo De Grandes.

La portavoz socialista, Matilde Fernández, acusó al Gobierno y al PP de «incoherencia», de no haber tenido nunca una política migratoria y de haberse quedado sin argumentos para apoyar la ley.