La ex secretaria de Estado de Interior Margarita Robles, encargada
de poner en marcha la investigación policial en 1995 sobre el caso
«Lasa-Zabala», negó ayer en el juicio que se sigue en la Audiencia
Nacional por el secuestro, torturas y asesinato de los presuntos
etarras, haber pagado cantidad alguna, de fondos reservados o de
cualquier otra partida, a alguno de los testigos, en contra de lo
declarado por el testigo protegido Pedro Miguélez, alias «Txofo»,
quien aseguró haber cobrado siete millones de pesetas de los fondos
reservados de Interior por haber declarado ante el comisario De
Federico.
En la sesión de ayer del juicio por el «caso Lasa-Zabala»
declararon como testigos la ex secretaria de Estado de Interior
Margarita Robles, el ex gobernador de Guipúzcoa José Ramón Goñi
Tirapu y el director de la Seguridad del Estado Julián
Sancristóbal, aunque éste último no pudo declarar por falta de
tiempo.
Durante su intervención, la ex secretaria de Estado de Interior
negó «rotundamente» haber pagado cantidad alguna, de fondos
reservados o de cualquier otra partida, a alguno de los testigos
del caso. A preguntas del abogado Jorge Argote, Robles, quien
insistió en que todo lo que se iba investigando se ponía en manos
del juez instructor, le recordó que en este tema «la conocía bien»
porque se negó a pagarle cuando llevó al Ministerio unas minutas
que según el letrado tenía pendientes. La versión de la ex ministra
contrasta con la ofrecida por el testigo protegido «Txofo» quien en
un vídeo grabado en el despacho de Argote reconoció haber cobrado
siete millones de pesetas de los fondos reservados de Interior por
haber declarado ante el comisario De Federico.
Robles confirmó que las líneas seguidas por el Ministerio
relacionaron el asunto «con el entorno de Intxaurrondo» y reiteró
que su intención al poner en marcha las investigaciones de «este
crimen execrable» fue «llegar hasta el final caiga quien caiga»,
por lo que, según dijo, no «se regateó nada» ni en medios técnicos,
ni económicos. Incluso, manifestó que confirmar la identidad de los
cuerpos costó al Ministerio cerca de 100 millones de pesetas.
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