El teniente fiscal de la Audiencia Nacional Jesús Santos concluyó
ayer la lectura de su informe definitivo de acusación en el juicio
por el 'caso Lasa-Zabala', asegurando que este juicio cierra una de
las páginas «más negras» de la Historia reciente. Además, consideró
que el GAL hizo retroceder a España al siglo XVI, poniendo en
práctica la teoría de Maquiavelo en la que «la ley, la moral y el
derecho eran sólo para el pueblo y no para los gobernantes, que
estaban por encima de la ley», por lo que considera que los
asesinatos del GAL son peores que los de ERA, porque sus autores
eran funcionarios públicos.
El representante del Ministerio Público reconoció que acusar a
Galindo y sus hombres le ha producido «amargura y tristeza»,
teniendo en cuenta los méritos y los servicios que han prestado
tanto ellos, como Rafael Vera, a la nación en la lucha contra ETA,
con lo cual, y de ello no le cabe duda, se ha podido evitar la
muerte de muchos ciudadanos.
Sin embargo, Santos cree que la eficaz labor de los acusados no
«amortigua» la realidad de su participación en los hechos
enjuiciados, ni tampoco el «rigor en la aplicación de la pena».
«Estas circunstancias no pueden eclipsar y empañar los principios
esenciales de un Estado de Derecho», dijo, para añadir que cuando
la autoridad pública «vulnera la Ley, corrompe los cimientos en que
se apoya». Por ello, cree que el GAL supuso un «grave retroceso» en
la lucha antiterrorista «al ponerse al mismo nivel, o peor nivel,
que los terroristas».
Además, lamentó que con las actividades de «guerra sucia», al no
tener ninguna justificación, ni siquiera la «dramática y cruel
presencia» de ETA, se corrió el riesgo de convertirse «en un
argumento adicional a las obscenas explicaciones o justificaciones
de la violencia terrorista». Santos cree que Elgorriaga, Galindo,
Vaquero, Dorado y Bayo merecen «con todo rigor» un reproche por
medio de la Justicia, si bien los dos primeros, por ser los que, en
su opinión, dieron las órdenes a los últimos, deben recibir «un
plus de reproche».
Por otra parte, comenzó su exposición la acusación particular en
nombre de las familias de Lasa y Zabala, que representa Iñigo
Iruín. El letrado lamentó, al igual que hiciera el miércoles el
Ministerio Fiscal, que el caso «se cerrará en falso», puesto que
«no hay dudas de que no están todos los que tenían que estar».
«Faltan responsables políticos, responsables de la planificación de
las acciones y de la ejecución de los hechos enjuiciados»,
dijo.
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