El ministro de Justicia, Àngel Acebes, se amparo ayer en la
legalidad y en la Constitución para explicar la concesión de 1.443
indultos por parte del Gobierno, entre ellos el de Javier Gómez de
Liaño, que fue criticado por el grupo socialista al calificarlo de
«agresión a la democracia». Acebes se pronunció así en el Congreso,
donde recordó los criterios generales del Gobierno para la
concesión de los indultos, y afirmó, al referirse al de Gómez de
Liaño, condenado a 15 años de inhabilitación como juez, que «no es
irreversible recuperar el disfrute» del derecho al empleo.
Además, el ministro, que agradeció a la mayoría de los grupos
parlamentarios su respaldo, insistió en que la decisión del
Gobierno no constituía una amnistía o un indulto general y comentó
que los 1.443 indultos responden a un examen individualizado. Para
el titular de Justicia, «es evidente» que el poder ejecutivo no
puede inmiscuirse en las facultades judiciales, de la misma forma
que lo es, en su opinión, que el poder judicial «no puede
inmiscuirse en el ejercicio exclusivo del derecho de gracia por el
ejecutivo y ha de limitarse a respetar la decisión y a poner
diligentemente en ejecución de sus efectos».
Tras señalar que «es posible y frecuente indultar
inhabilitaciones», aseguró que la Constitución sólo restringe el
indulto al presidente del Gobierno o a los miembros del mismo y que
la ley tampoco prohíbe el indulto de ningún delito. Acebes dijo que
no se han adoptado la totalidad de los indultos para encubrir a uno
y se dirigió a los socialistas a quienes dijo que «se equivocan si
siguen pensando que el indulto es un buen instrumento jurídico para
resolver los problemas políticos del partido propio» y que «son
conspiraciones todavía vivas y no los errores propios, los que les
hicieron dejar el poder».
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