La nueva Ley del Menor que entró ayer en vigor ha sido aplicada ya
a 111 menores, de 16 y 17 años, de toda España que se encontraban
en prisión preventiva por diversos delitos, de los que 57 fueron
puestos en libertad y 54 ingresaron en centros de internamiento de
menores de las comunidades autónomas.
Según informó el director general de relaciones con la
Administración de Justicia, Carlos Lesmes, la propia Ley de
Responsabilidad Penal del Menor establece que en las primeras 48
horas desde su entrada en vigor debe revisarse la prisión
preventiva de los menores de 16 y 17 años, medida cautelar que no
puede exceder en los delitos más graves de los seis meses de
internamiento.
Lesmes aseguró que con la aplicación de la nueva Ley a estos 111
menores, quedan «prácticamente» revisadas todas las situaciones de
prisión preventiva en estos casos, y señaló que, a lo largo de los
próximos dos meses, se revisarán las prisiones de aquellos menores
de 16 y 17 años ya condenados, o los que lo fueron a dichas edades.
No obstante, Lesmes matizó que algunos Juzgados han comenzado ya a
revisar las prisiones de los condenados en sentencia. En estos
casos el periodo de internamiento en centros de menores será de un
máximo de entre 8 y 10 años en los delitos más graves.
Respecto a los casos como el de las dos menores acusadas de
matar a la joven Clara García Casado en San Fernando (Cádiz) que se
encontraban en prisión preventiva y que han quedado en libertad,
Lesmes matizó que ambas estarán sometidas a una continua vigilancia
policial, tal y como ha pedido la Fiscalía, que podrá hacer la
misma solicitud en casos similares. La puesta en libertad de las
dos jóvenes provocó una manifestación de protesta de unas
cuatrocientas personas ante el Ayuntamiento de San Fernando.
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