130.000 personas pueden ser expulsadas al entrar hoy en vigor la ley de extranjería

La responsable socialista de Política Social e Inmigración subrayó, en cualquier caso, que la ley no agota la ausencia de política migratoria. En este sentido, reprochó al Gobierno «no sólo no consensuar la reforma de la ley o el Programa Greco, sino mantener un silencio sepulcral sobre el reglamento de la nueva legislación». Por ello, exige al Ejecutivo que reflexione con sensatez y serenidad pongan los medios para consensuar el reglamento y no neutralice con él las mejoras introducidas en el texto legislativo por los grupos parlamentarios. Además, señaló que mañana miércoles pedirán en la Diputación Permanente del Congreso la comparecencia de los ministros de Interior y Trabajo, Jaime Mayor Oreja y Juan Carlos Aparicio, respectivamente.

Por su parte, Francisco Frutos, que auguró que hoy «será un mal día», pidió que el proceso de regularización que culminó el pasado verano, y que calificó de «irregular», se convierta en un proceso gradual. «El Gobierno tiene que dar una solución a estos trabajadores y regularizarlos», dijo. La nueva ley de extranjería limita los derechos de los inmigrantes que estén en situación irregular y pretende facilitar su expulsión, aunque deja en una situación incierta a una bolsa de personas que la organización la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes en España (ATIME) estima en 130.000. En opinión de los portavoces de esta ONG, es necesario que el Gobierno lleve a cabo un nuevo proceso de regularización.

Los inmigrantes que no tengan su situación en regla no tendrán las cosas fáciles a partir de hoy. El documento contempla la posibilidad de expulsar del país a las personas que se encuentren en España sin documentación o por estar trabajando sin autorización. Ante estos supuestos, se puede expulsar a los extranjeros sin papeles de forma preferente, en 48 horas.