El ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, afirmó ayer, día en el
que entró en vigor la nueva ley de extranjería, que permite la
expulsión de inmigrantes irregulares, que «hay quienes desean que
yo diga que voy a ordenar la caza y captura de los inmigrantes,
pero no lo voy a decir». En el día que entró en vigor la nueva ley,
ayer 23 de enero, PSOE, IU, UGT y CC OO criticaron la norma.
Mayor Oreja defendió que se «acentúe el hábito de la inmigración
legal» y dijo que ello no supone «tener una visión policial de la
inmigración, sino llevar la legalidad a su origen y duplicar el
esfuerzo con los países de donde proceden los inmigrantes». El
ministro insistió en la necesidad de frenar la inmigración ilegal,
ante lo cual presentó como medidas tratar de conseguir acuerdos
laborales con Marruecos, Ecuador y Polonia; la actualización del
concepto de contingente; la mayor implicación de las
Administraciones y la aprobación del Reglamento de la Ley de
Extranjería.
Mayor Oreja dijo que la nueva norma que entra en vigor «era una
necesidad y una exigencia, y no un capricho», aunque añadió que
«engañaría si dijera que la ley es una panacea; hay un nivel de
inmigración irregular que no se va a resolver de la noche a la
mañana». Antes de señalar que no iba a decir que ordenará la caza
de los inmigrantes y a preguntas sobre si se iba a proceder a la
expulsión de ilegales, como permite la ley, Mayor Oreja informó de
que se van «a apurar» todo lo que está siendo el proceso de
regularización con la revisión de oficio de 60.000 expedientes
pendientes en este primer trimestre del año.
En Valencia, el portavoz socialista en el Congreso de los
Diputados, Jesús Caldera, afirmó ayer que el Gobierno «se va a ver
obligado a incumplir» la nueva Ley de Extranjería, ya que consideró
«errónea» la decisión y auguró que el Ejecutivo «se verá
desbordado» por el fenómeno de la inmigración. Al final, Caldera
ofreció al Gobierno un «pacto de Estado» en el tema. Desde los
sindicatos, la secretaria de política social e inmigración de CC
OO, Paloma López, propuso que los trabajadores irregulares que
tengan una oferta de trabajo nominativa obtengan documentación de
acuerdo con la ley, mientras que la secretaria de Migraciones de
UGT, Almudena Fontecha, afirmó que la Ley ha llevado a los
inmigrantes a «un callejón sin salida» que les condena a la
«explotación» laboral.
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