Mariano Rajoy era en 1997 el ministro para las Administraciones Públicas.

Mariano Rajoy era en 1997 el ministro para las Administraciones Públicas.

AgenciasMadrid24/01/01 0:00
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Una sentencia de la Audiencia Nacional, contra la cual no cabe recurso de casación, ordena a la Administración a negociar con los sindicatos de la Función Pública «en el menor plazo posible» incrementos salariales superiores al IPC de 1997. Fuentes de CC OO, sindicato que recurrió en su día la decisión del Gobierno, calcula en medio billón de pesetas el coste que tendrá para la Administración la aplicación del fallo judicial, cuyo contenido estudia el Ministerio de Administraciones Públicas, que ayer mostró su respeto a la sentencia.

Según la sentencia, el entonces ministro para las Administraciones Públicas, Mariano Rajoy, informó a la Mesa General de Negociación de la decisión de la Administración del Estado de no incrementar las retribuciones de los funcionarios para 1997, decisión que tuvo su reflejo posterior en los Presupuestos Generales del Estado. Así mismo, la Administración excluyó de la negociación con los sindicatos los aumentos salariales de los funcionarios acogidos al Acuerdo de Septiembre de 1994, que establece en su artículo VI el incremento automático de las retribuciones de los empleados públicos conforme al IPC de 1996 y 1997 y la obligación de negociar aumentos superiores «atendiendo a otros factores».

La Audiencia considera que la Administración vulneró la Ley, ya que tiene la obligatoriedad de negociar «de buena fe» -en negociación colectiva-, aspectos como la cuestión retributiva, y que excluir de la negociación alguna materia específica «sólo podrá hacerse con el consentimiento de ambas partes negociadoras» y no unilateralmente.

Respecto al personal de la Administración de Justicia, Correos, Instituciones Sanitarias Públicas, personal docente o no de las Universidades, el incremento salarial reconocido por la sentencia se aplicará «siempre que las peculiaridades de su concreto estatuto lo permita».