El Gobierno sostiene que la sentencia de la Audiencia Nacional
contra la congelación salarial de los funcionarios en 1997
menoscaba el poder legislativo del Parlamento y la política
económica y presupuestaria de cualquier ejecutivo y confirma que
recurrirá el auto con la presentación de un recurso de casación.
El vicepresidente primero del Gobierno, Mariano Rajoy, aseguró
ayer que el Ejecutivo «agotará todas las posibilidades legales a su
alcance» para recurrir la sentencia «en defensa de la separación de
poderes» y porque, en su opinión, «impide a un gobierno hacer
política económica y a las Cortes aprobar los Presupuestos
Generales del Estado». Rajoy, quien en 1997 desempeñaba la cartera
de Administraciones Públicas, explicó que «el Gobierno y los grupos
coaligados» aceptaron conjuntamente la decisión de congelar los
salarios de los empleados públicos con el fin de controlar el
déficit.
Los titulares de Exteriores, Josep Piqué; de Hacienda, Cristóbal
Montoro, y de Economía, Rodrigo Rato, compartieron la tesis de
Rajoy y precisaron que la decisión fue necesaria para cumplir los
criterios exigidos por la UE para formar parte de la Unión
Monetaria, y que ha dado buenos resultados.
Por su parte, el actual titular de Administraciones Públicas,
Jesús Posada, confió en que la Justicia dará al Ejecutivo la razón,
aunque reconoció que «la sentencia tiene una magnitud muy elevada»
y podría tener unas consecuencias «tremendas».
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