Los representantes de las asociaciones judiciales coincidieron en
que la sentencia de la Audiencia Nacional que anula la congelación
salarial de los funcionarios de 1997 no invade competencias de
otros poderes de Estado, como el Ejecutivo y el Legislativo.
El presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura
(APM), mayoritaria en la Carrera Judicial, Santiago Martínez-Vares,
señaló que no hay tal conflicto entre poderes porque es una
sentencia que resuelve un recurso contencioso-administrativo frente
a un acto de la Administración Pública, aunque reconoció que habría
que estudiar en profundidad el caso para perfeccionar la
opinión.
La portavoz de Jueces para la Democracia, Montserrat Comas,
consideró que la sentencia es un hecho muy positivo para todos los
funcionarios, «entre los que nos incluimos los jueces».
Por su parte el portavoz de la asociación judicial «Francisco de
Vitoria», José Luis González Armengol, estimó que el contenido de
la sentencia es totalmente correcto desde el punto de vista
técnico.
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