Las condiciones impuestas por el Gobierno sobre todo en lo referido
a la modificación del tratamiento de los Costes de Transición a la
Competencia han sido el detonante de la ruptura. La pareja de hecho
del sector eléctrico español no llegó a celebrar su matrimonio. Los
Consejos de ambas compañías se reunieron ayer por separado para
adoptar una decisión sobre el proyecto de fusión y determinar si
tenía «sentido económico». La conclusión a la llegaron, por
unanimidad, es que la rentabilidad del futuro grupo corría peligro
por las duras condiciones impuestas.
El límite de cuotas impuesto al grupo resultante el pasado
viernes por el consejo de Ministros en las áreas de generación
(42%), distribución (48%) y comercialización (40%), a pesar de ser
inferior al que proponían las empresas, no fue bien acogido por las
direcciones de las dos compañías.
A pesar de que las empresas se podrían quedar con los activos
que no vendieran, los 15 consejeros de Endesa y los 22 de Iberdrola
decidieron no dar su bendición a la unión. El detonante de la
ruptura ha sido la decisión del Gobierno de que las empresas
restaran de los Costes de Transición a la Competencia pendientes de
recibir las plusvalías que se obtuvieran por la desinversión de
activos. La pérdida de estas ayudas estatales podría suponer para
el nuevo gigante dejar de ingresar cerca de 350.000 millones de
pesetas.
Los equipos de gestión trabajaron durante todo el fin de semana
para adaptar los planes de fusión a la información complementaria
procedente del Gobierno y llevar la operación a buen término. El
presidente de Iberdrola, Iñigo de Oriol, acudió minutos después de
las 9 de la mañana a la sede de Endesa para analizar las
condiciones impuestas por el Gobierno con el presidente de esta
eléctrica, Rodolfo Martín Villa. A la reunión acudió también Manuel
Pizarro, vicepresidente de Endesa y futuro 'hombre fuerte' del
grupo eléctrico a partir de 2003.
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