Los sindicatos mayoritarios UGT y CC OO presentaron ayer el
calendario de movilizaciones que, de común acuerdo, diseñarán para
exigir al Gobierno la ejecución de la sentencia de la Audiencia
Nacional que anula la congelación salarial de los empleados
públicos en 1997, y para defender el derecho a la negociación
colectiva de los funcionarios y una mejora de sus condiciones
laborales.
Las centrales advierten que aunque están dispuestos a negociar
con el Ejecutivo, también pueden convocar una huelga general a un
Gobierno que está en este momento comportándose «como un jabalí
ofuscado y asustado ante el jaral de conflictos que tiene abierto».
La primera protesta tendrá lugar el 13 de febrero, coincidiendo con
la publicación del dato de inflación de enero.
Los secretarios generales de CC OO y UGT, José María Fidalgo y
Cándido Méndez, respectivamente, anunciaron ayer distintos actos de
protesta en la función pública que se celebrarán al día siguiente
de la publicación del Indice de Precios al Consumo (IPC) en los
meses de febrero, marzo y abril. Concretamente, CC OO y UGT han
fijado para el día 13 de febrero la primera ronda de
concentraciones. Se convocarán manifestaciones en las principales
capitales de provincia en los meses de febrero y abril al tiempo
que se deciden si se preparan nuevas movilizaciones.
Estas protestas concluirán en la primera quincena de mayo cuando
se celebrará una asamblea estatal de delegados de la Función
Pública, entorno a la fecha de la publicación del IPC, y se
decidirá si se convoca o no una nueva huelga general en el área
pública, después de la que tuvo lugar el pasado 14 de diciembre.
Durante la primera semana de junio, Méndez anunció también una
«gran manifestación» en Madrid. CC OO y UGT han decidido crear una
comisión para que el resto de sindicatos puedan sumarse a las
mismas.
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