El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Carlos Aparicio,
responsabilizó ayer a empresarios y sindicatos del fracaso en la
negociación de la reforma laboral y les acusó de no haber sido
capaces de alcanzar un acuerdo por haber defendido más «los
intereses de parte» que los intereses generales. Aparicio afirmó
que el Gobierno dio un amplio plazo, establecido por los propios
agentes sociales, para alcanzar un acuerdo.
Añadió que el fracaso de la negociación se debe, en su opinión,
a que «se ha atendido más a los intereses de parte, a los intereses
de las organizaciones, que al interés general» y reiteró que por
ello el Gobierno se ha visto obligado a aprobar un Decreto que
atiende, «no solamente el incremento del empleo, sino también la
mejora de su calidad».
Según el ministro, con esta medida «se trata de extender los
buenos efectos de la reforma laboral de 1997, ya agotada, al mayor
número de ciudadanos» e indicó que la nueva normativa laboral
establece mecanismos de disuasión a la temporalidad y equilibra la
protección que merecen los trabajadores sujetos al contrato
temporal. A su juicio, con la nueva regulación se crea un contrato
a tiempo parcial «comparable en cantidad y calidad a los de los
países de la UE, desde el convencimiento de que el contrato a
tiempo parcial es la mejor alternativa a la temporalidad».
El secretario general de CC OO, José María Fidalgo, advirtió por
su parte al Gobierno que su «manera de actuar augura malos
tiempos». «Con decretos no se van a resolver los problemas del
mercado de trabajo en España», añadió. Fidalgo destacó que, aunque
el Gobierno afirma que ambas partes han tenido ocho meses de plazo
para llegar a un acuerdo, «también es cierto que detrás de la
patronal ha estado siempre el Gobierno garantizando que muchas de
sus reivindicaciones pasarían a legislarse».
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