EfeMadrid08/03/01 0:00
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La Policía Nacional detuvo anoche en San Sebastián a Asier Tapia Zulaica por «apología del terrorismo», el joven que el martes dijo, en una conferencia de prensa de Haika, que esta organización «va a responder con todo su enfado a los que quieren aniquilar y vender este pueblo». La detención se produjo hacia las 21:00 horas y el detenido fue conducido ante el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, anunció ayer que estudiaba presentar una querella por un delito de amenazas contra Haika por las declaraciones del portavoz de la organización radical.

Asier Tapia dijo el martes en una comparecencia ante la prensa en San Sebastián que las detenciones de sus dirigentes responden a la ofensiva francesa y española y advirtió de que va a responder con todo su enfado «a los que quieran aniquilar y vender este pueblo» y que «no les va a salir gratis». Según el comunicado de Haika, el Gobierno español «ha intentado golpear al independentismo vasco» y «los periodistas 'txakurras' (perros), siervos de la estrategia fascista de los estados, han vuelto a abrir las puertas a la operación represiva, poniéndonos en el punto de mira a los jóvenes».

Cuarenta agentes de policía analizan la abundante documentación, ordenadores y disquetes incautados en las sedes de Haika e intentan recomponer los documentos que la policía halló ya triturados en esos locales, algunos de los cuales ya han podido ser reconstruidos.

De otra parte, el juez Garzón acordó ayer clausurar la Asociación Europea Xaki, a la que investigaba dentro de la causa contra el aparato internacional de ETA. Además, el magistrado citó para mañana al representante legal de la entidad, Mikel Gotzon Egibar. La organización se ocupaba de controlar los colectivos de deportados y refugiados etarras bajo la supervisión de los terroristas. Garzón se ha servido del artículo 129 del Código Penal para ordenar la clausura. La normativa establece que los jueces, «en los supuestos previstos en este Código, podrán imponer, motivadamente», la clausura de una empresa, la disolución de una asociación o la suspensión de sus actividades por un plazo no superior a cinco años.