Desde la censura más clara a la matización más sutil. Los
representantes políticos de las Islas reaccionaron ayer de forma
diversa ante la referencia del Rey a la imposición del castellano.
El PSM le envió directamente el libro «La persecució de la llengua
catalana», escrito por Joaquim Ferrer y Gironés, que contiene un
centenar de documentos donde se detalla la persecución del catalán.
El diputado del PSM, Antoni Alorda, pidió a don Juan Carlos que se
documente «porque el castellano se ha impuesto en muchos
territorios».
El coordinador de EU en Balears, Eberhard Grosske, consideró que
las palabras del Rey eran una «afrenta para quienes han padecido
esta persecución «que le tiene que sonar porque fue durante el
régimen de Franco, con el que tuvo una relación particularmente
intensa». Añadió que se trata de un «error histórico grave y poco
comprensible» porque el castellano «lleva impuesto 200 años».
El president del Govern, Francesc Antich, se mostró menos
beligerante y aseguró que las lenguas no se han impuesto nunca
«porque han sido las personas las que han hecho un mal uso de su
poder». Aprovechó para pedir al Estado que la misma sensibilidad
que demuestran hacia el castellano, la demuestre hacia otras
lenguas, que además «enriquecen el Estado».
La presidenta de Unió Mallorquina, Maria Antònia Munar, se
mostró muy moderada al considerar que se trataba de un discurso
«lógico» porque desde que don Juan Carlos llegó al poder nunca se
ha impuesto a nadie la lengua. «Nadie es culpable de lo que
hicieron sus antepasados», señaló Munar.
El portavoz del PP, José María González Ortea, opinó que el Rey
se refería a que el notable avance del castellano a lo largo de
todo este siglo se ha hecho sin imposiciones, «aunque eso no
excluye que durante la dictadura, otras lenguas de España
estuvieron maltratadas y su uso fue impedido».
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