EfeMadrid29/05/01 0:00
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Las asociaciones mayoritarias de jueces y fiscales, el Consejo General del Poder Judicial y la Abogacía calificaron ayer de «histórico» y «positivo» el Pacto de Estado por la Justicia acordado por Gobierno, PP y PSOE, que recibió críticas desde IU y PNV y de las asociaciones minoritarias de magistrados. El coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, estimó que será «muy difícil» que la coalición y el resto de fuerzas se sumen al pacto por la Justicia «fallido» y «conservador» que ha elaborado la «gran coalición», que, a su juicio, forman el PP y el PSOE.

Por su parte, la portavoz de Justicia del PNV, Margarita Uría, expresó la «decepción» por la forma en que Gobierno y PSOE hicieron público el pacto y lamentó la actitud «excluyente» de los dos partidos por impedir «jugar al resto de grupos». Por el contrario, el conseller de Justicia de la Generalitat, Josep Delfí Guardia celebró el acuerdo sobre la reforma de la Justicia, del que hizo una consideración positiva. En el mismo sentido, Coalición Canaria apoyó el contenido del Pacto al entender que las medidas que propone abren puertas válidas para agilizar el funcionamiento de los tribunales y acabar con la lentitud que padece el sistema judicial.

El portavoz del CGPJ, Benigno Varela, considera que el nuevo sistema de elección de los miembros del órgano de Gobierno de los jueces que plantea el Pacto «es una fórmula más exacta a los términos que establece la Constitución». Las asociaciones mayoritaria de jueces, Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y Jueces para la Democracia (JD), calificaron de «histórico» el Pacto, mientras que «Francisco de Vitoria» (FV) y Unión Judicial Independiente (UJI) lo criticaron sobre todo por la forma en la que se elegirán los vocales del CGPJ.

El presidente de la APM, mayoritaria en la carrera judicial, Santiago Martínez-Vares, calificó de histórico el acuerdo ya que en su opinión supone «una nueva situación de pacificación y consolidación en el sistema de elección de vocales del CGPJ». La portavoz de JD, Montserrat Comas, coincidió en que se trata de un acuerdo «histórico» con el que por primera vez «se ha desbloqueado el sistema de elección, el único órgano en el que no existía consenso, lo que causaba una permanente deslegitimación».