El pacto de Estado para la reforma de la Justicia que firmaron ayer
Gobierno, PSOE y PP incluye, entre los 23 puntos del documento, la
aprobación de nuevos estatutos para jueces, fiscales, abogados y el
resto de personal al servicio de la Administración de Justicia, así
como la elaboración de un nuevo mapa judicial. De la misma forma,
se contempla la creación de una Carta de Derechos de los Ciudadanos
ante la Justicia, y se prevé la apertura por las tardes de algunos
juzgados siempre que sea necesario.
La Oficina Judicial sufrirá una gran reforma. Tendrá horario de
mañana y de tarde, en lo que es una de las medidas más innovadoras
contempladas en el pacto. Además, se delimitarán las funciones de
todos sus integrantes y se apostará por las nuevas tecnologías
mediante una total informatización de los procesos de todos los
juzgados y en toda la administración judicial. Otro de los aspectos
destacados del acuerdo es la aprobación de una Ley de
Enjuiciamiento Criminal, que incluirá la readaptación del Jurado;
la reforma de la prisión provisional; la extensión de la doble
instancia penal; la diferenciación entre imputado, acusado y
condenado; el fortalecimiento de la defensa de víctimas de delitos
violentos; la regulación de la acción popular y la acusación
particular; o el enjuiciamiento inmediato de los delitos menos
graves.
La rapidez, con el fin de desbloquear la Administración de
Justicia, es una de las obsesiones del proyecto. En este sentido,
se prevé agilizar los trámites del recurso de casación ante el
Tribunal Supremo y del recurso de amparo ante el Constitucional.
Para aligerar la carga de trabajo de los Juzgados de Primera
Instancia, se crearán nuevos juzgados de lo Civil y otros
especializados en materia mercantil, y se desarrollarán los
juzgados de familia.
Jueces y magistrados contarán con un nuevo Estatuto, según el
cual la cobertura de plazas judiciales se profesionalizará. También
se mejorará la oposición, valorando la cultura madurez y capacidad
de los aspirantes. En lo que se refiere a la carrera judicial, la
promoción de los magistrados no sólo tendrá en cuenta su
antigüedad, sino también criterios de mérito, formación,
especialización, rendimiento y calidad de trabajo, que serán
valorados por el Consejo General del Poder Judicial.
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