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El pacto de Estado para la reforma de la Justicia que firmaron ayer Gobierno, PSOE y PP incluye, entre los 23 puntos del documento, la aprobación de nuevos estatutos para jueces, fiscales, abogados y el resto de personal al servicio de la Administración de Justicia, así como la elaboración de un nuevo mapa judicial. De la misma forma, se contempla la creación de una Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia, y se prevé la apertura por las tardes de algunos juzgados siempre que sea necesario.

La Oficina Judicial sufrirá una gran reforma. Tendrá horario de mañana y de tarde, en lo que es una de las medidas más innovadoras contempladas en el pacto. Además, se delimitarán las funciones de todos sus integrantes y se apostará por las nuevas tecnologías mediante una total informatización de los procesos de todos los juzgados y en toda la administración judicial. Otro de los aspectos destacados del acuerdo es la aprobación de una Ley de Enjuiciamiento Criminal, que incluirá la readaptación del Jurado; la reforma de la prisión provisional; la extensión de la doble instancia penal; la diferenciación entre imputado, acusado y condenado; el fortalecimiento de la defensa de víctimas de delitos violentos; la regulación de la acción popular y la acusación particular; o el enjuiciamiento inmediato de los delitos menos graves.

La rapidez, con el fin de desbloquear la Administración de Justicia, es una de las obsesiones del proyecto. En este sentido, se prevé agilizar los trámites del recurso de casación ante el Tribunal Supremo y del recurso de amparo ante el Constitucional. Para aligerar la carga de trabajo de los Juzgados de Primera Instancia, se crearán nuevos juzgados de lo Civil y otros especializados en materia mercantil, y se desarrollarán los juzgados de familia.

Jueces y magistrados contarán con un nuevo Estatuto, según el cual la cobertura de plazas judiciales se profesionalizará. También se mejorará la oposición, valorando la cultura madurez y capacidad de los aspirantes. En lo que se refiere a la carrera judicial, la promoción de los magistrados no sólo tendrá en cuenta su antigüedad, sino también criterios de mérito, formación, especialización, rendimiento y calidad de trabajo, que serán valorados por el Consejo General del Poder Judicial.