Balears y otras siete autonomías plantan a la ministra de Educación

Abandonaron el pleno en el que se debatía la futura ley de Formación Profesional

| Madrid |

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Nunca vista

Ocho comunidades autónomas abandonaron ayer el Pleno del Consejo General de la FP, que discutía la futura ley de Formación Profesional, por su desacuerdo con el procedimiento para elaborar del texto, mientras que la ministra de Educación, Pilar del Castillo, les invitó a hacer las aportaciones que crean necesarias. Del Castillo y el titular de Trabajo y Asuntos Sociales, Juan Carlos Aparicio, presentaron ayer a este Consejo el anteproyecto de ley de Formación Profesional y de las Cualificaciones, cuyas bases se hicieron públicas en diciembre pasado en este mismo foro.

A la reunión acudieron representantes de todas las autonomías, pero los responsables de Balears, País Vasco, Catalunya, Asturias, Extremadura, Aragón, Castilla-La Mancha y Andalucía abandonaron la sala para mostrar su malestar por el procedimiento seguido en la elaboración del texto, que tampoco comparten en diversos aspectos. El viceconsejero del País Vasco, Alfonso Unceta, dijo que abandonaron la reunión «tras seis meses de petición de un espacio para plantear nuestras aportaciones», en referencia a la Conferencia Sectorial de Educación, un organismo de coordinación con las Comunidades Autónomas, que «no se celebra desde el mes de julio pasado», y que tendrá lugar el martes.

En este sentido, el director general de FP de la Junta de Extremadura, Rafael Rodríguez, indicó que los dos Ministerios «han ninguneado a las autonomías» porque el Consejo General de FP es un órgano «consultivo», es decir «meten en el mismo paquete a las Comunidades y a los agentes sociales, que sería el segundo paso».

De las comunidades que decidieron permanecer en la reunión, el representante de Navarra consideró adecuado el procedimiento y aseguró que el próximo martes «veremos el fruto de seis meses de trabajo en el Consejo General de la FP». Tras la reunión, Del Castillo explicó que «estas ocho comunidades han ido planteando observaciones» al anteproyecto de ley durante los seis meses de debate en el Consejo General de FP.

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