Los abogados de las defensas proclamaron ayer en una vista
celebrada en el Tribunal Supremo que los condenados en el «caso
Lasa y Zabala», entre ellos el general Enrique Rodríguez Galindo,
son inocentes, por lo que pidieron que se anule la sentencia de la
Audiencia Nacional que les impuso diversas penas.
Las acusaciones, ejercidas por las familias de José Antonio Lasa
y José Ignacio Zabala "muertos en 1983", la Asociación contra la
Tortura y el Ayuntamiento de Tolosa, solicitaron que además de los
delitos de detención ilegal y asesinatos se añada el de pertenencia
a banda armada para todos.
El abogado del Estado, que recurrió la declaración de
responsabilidad civil subsidiaria de la Administración, pidió a la
Sala que anule la misma y tenga en cuenta que Lasa y Zabala eran
miembros de ETA.
El Supremo vio los recursos de los condenados y del abogado del
Estado contra la sentencia de la Audiencia a los que se opusieron
el fiscal y las acusaciones. El abogado de Galindo, José María
Fuster Fabra, aseguró que su cliente «no tuvo nada que ver» con los
secuestros, torturas y asesinatos en 1983 de Lasa y Zabala.
El abogado del Estado pidió que «esta Sala tan prestigiosa dé un
paso importante y no exija la responsabilidad civil al Estado
porque los asesinados eran de ETA. Esta petición fue respondida por
el abogado de las familias de Lasa y Zabala, Iñigo Iruin, quien
explicó que «son acusados como miembros de banda armada quienes son
asesinados y no quienes les asesinan».
Por su parte, el fiscal considera que el Estado debe ser
responsable civil subsidiario porque la muerte de Lasa y Zabala fue
ilícita, pero coincidió en que existen indicios de que pertenecían
a ETA y en este sentido añadió que «puede provocar que un Estado
que sufre en sus carnes la violencia de ETA tenga una cierta
desazón al tener que indemnizar a estas personas».
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