OTR PressMadrid06/07/01 0:00
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El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, respondió ayer al escrito que le envió el fiscal jefe Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, asegurando que en la posible imputación del ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, sí ha actuado conforme a la legalidad. Además, el jefe de la Inspección Fiscal, Juan José Martínez Zato, pidió a Cardenal, también por escrito, que decida él sobre la imputación de Piqué, que desconvoque la Junta de Fiscales o, al menos, que retire del orden del día el contrainforme realizado por la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado.

Jiménez Villarejo pidió ayer la presencia del fiscal encargado del «caso Ercros», Bartolomé Vargas, en la Junta de Fiscales de Sala que se celebrará el próximo día 10, para defender sus tesis, que pasan por la imputación del ministro Piqué. Del mismo modo, ponía en duda la legalidad de la convocatoria de la Junta. La respuesta de Cardenal se ha producido del mismo modo, por escrito. Así, el fiscal general del Estado aseguró que dicha convocatoria «es el resultado del respeto estricto a las previsiones estatutarias y a la interpretación que de ese marco jurídico ya ha hecho el Consejo fiscal». También recuerda que, según el artículo 14.2 del Estatuto, la Junta tiene la función de asistir «al fiscal general en relación con cualesquiera materia 'que el fiscal general estime procedente someter a su conocimiento y estudio'».

Cardenal también recuerda en su escrito que, al no convocar la Junta de Fiscales con ocasión del primer traslado que el Tribunal Supremo hizo al fiscal en esta causa, provocó la convocatoria de un Consejo Fiscal extraordinario en el que se le reprochó al propio Cardenal no haber convocado este órgano. El fiscal general intentó aclarar la autoría del informe, algo que, además de Jiménez Villarejo, reclamó también el PSOE. Así, señala que el artículo 16 del Estatuto establece que será la Secretaría Técnica la que realice los «trabajos preparatorios que se le encomienden en aquellas materias en las que corresponda a la Junta de Fiscales de Sala asistir al fiscal general del Estado».

Cardenal también recibió ayer nuevas críticas del jefe de la Inspección Fiscal, Juan José Martínez Zato, uno de los partidarios de que Vargas defienda su informe en la Junta de Fiscales de Sala. En un escrito de tres folios, pide al fiscal general del Estado que, «como político y desde su responsabilidad política y como jefe directo de la Fiscalía del Tribunal Supremo, tiene sobradas facultades para, a la vista del proyecto de informe de Bartolomé Vargas y del elaborado por José Aranda, decidir lo que estime conveniente», sin que sea necesaria la Junta de Fiscales.