El Servicio de Seguridad Social de la Armada realizó en los últimos
dos años imposiciones a plazo fijo con vencimiento a uno o dos
meses, como máximo a tres, de 300 millones de pesetas en la
sociedad Gescartera, en la que la Comisión Nacional del Mercado de
Valores (CNMV) detectó un agujero de más de 13.000 millones de
pesetas, informaron ayer fuentes del propio Ministerio de Defensa.
Las mismas fuentes subrayaron la legalidad y normalidad de estas
imposiciones, que se realizaban en virtud de una Orden Ministerial,
y en las que se recuperó el dinero invertido, puesto que se
procedió a retirarlo el pasado mes de abril, cuando comenzaron a
producirse retrasos injustificados.
Con estas inversiones, el Servicio de Seguridad Social de la
Armada obtenía un rendimiento de un 5 ó 6 por ciento, que se
destinaba a «pensiones graciables». Entre los afectados por las
supuestas irregularidades cometidas por la agencia de valores se
encuentran, entre otras instituciones, la Mutua de la Policía, la
Iglesia y los huérfanos de la Guardia Civil. Mientras, el
propietario del grupo Gescartera, Antonio Rafael Camacho,
actualmente en prisión, usó el dinero de los clientes de la agencia
de valores para adquirir artículos de lujo, entre ellos un
automóvil de la marca Jaguar, valorado en varios millones de
pesetas.
Así lo declaró ayer una contable de Gescartera ante la juez de
la Audiencia Nacional Teresa Palacios, que investiga el paradero
del dinero depositado por los clientes que ha desaparecido de la
agencia de valores, y cuyo agujero asciende ya a unos 18.000
millones de pesetas, según fuentes de la investigación. La contable
relató, ante la juez que Camacho, que le pedía que le extendiera
cheques bancarios con el dinero de los clientes para pagar gastos
de la agencia, aunque con el paso del tiempo se percató de que
utilizaba estos fondos para comprar artículos de lujo.
El ministerio de Administraciones Públicas aceptó ayer, por otra
parte, la petición del ex vicepresidente de la CNMV, Luis Ramallo,
de analizar si vulneró su régimen de incompatibilidades al haberse
relacionado profesionalmente con Gescartera tras abandonar el
cargo. Ramallo, que abandonó la vicepresidencia de la CNMV el
pasado mes de octubre, se dirigió también ayer a la Fiscalía
Anticorrupción para ofrecerse a prestar declaración para aportar la
información que conoce de Gescartera.
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