Plante de Àlava a la amenaza del lehendakari Ibarretxe, de no pagar
el cupo íntegro. La Diputación alavesa aprobó ayer el pago de su
parte del cupo provisional de 2002, fijado en 1.045 millones de
euros, unos 174.000 millones de pesetas, sin la rebaja que anunció
el Gobierno vasco como represalia por la falta de acuerdo para
renovar el Concierto Económico vasco. El Gobierno de Ajuria Enea
advirtió a Madrid que negociar unilateralmente con la Diputación de
Àlava, la única gobernada por el PP, sería inconstitucional.
La decisión de las Juntas Generales de Àlava, que ratifica el
acuerdo del Consejo Vasco de Finanzas, supone el pago del 16'95% de
los 1.045 millones de euros, el coeficiente vertical asignado para
Àlava. La Diputación foral prescinde así del cálculo de Ibarretxe,
que sólo pretende abonar 907 millones de euros en concepto de cupo.
«Es la cifra acordada, que consta en los Presupuestos del Estado y
que ha sido la base para que el Gobierno vasco haga sus
presupuestos, dijo el diputado de Hacienda, José Antonio
Zárate.
Pese al plante de Àlava, desde Ajuria Enea se insiste en el
impago de parte del cupo. Según explicó el portavoz del Gobierno
vasco, Josu Jon Imaz, sus cálculos son la aplicación de la Ley que
está en vigor, que no es la prórroga del Concierto Económico, sino
la del cupo, aunque también se mostró dispuesto a negociar sobre
este extremo. El secretario general del PSE en la provincia, Javier
Rojo, se mostró totalmente de acuerdo con la postura de la
Diputación alavesa. Y es que Àlava sigue siendo ahora el centro de
la polémica. Al anuncio de que pagará íntegra su parte del cupo se
suma la posibilidad, todavía abierta, de que el Gobierno central
negocie directamente con las Diputaciones. Imaz advirtió que esta
posibilidad sería anticonstitucional porque es un planteamiento
«disgregador y políticamente irresponsable y peligroso».
Pese a que desde Madrid no se ha rechazado esta posibilidad, lo
cierto es que hay unanimidad entre el resto de las partes: no es
aceptable negociar con las diputaciones al margen del Gobierno
vasco. Incluso la Diputación alavesa, en palabras de Carlos
Samaniego, califica este extremo de «política ficción», y forma
parte de un debate «más mediático que real». Eso sí, precisó que
Àlava «no está dispuesta a hacer el caldo gordo a Arzalluz cuando
habla de provincias traidoras». Además, en el caso de que el
Gobierno decidiese 'puentear' al Ejecutivo vasco, sólo podría
llegar a un acuerdo con la Diputación alavesa, puesto que las otras
dos están gobernadas por los nacionalistas.
En cualquier caso, el portavoz del Gobierno vasco, Josu Jon
Imaz, reclamó ayer una respuesta al Ministerio de Hacienda,
Cristóbal Montoro, respecto a la última propuesta vasca sobre el
Concierto en la que se retiró el asunto de la participación europea
y mostró su deseo de que el Ejecutivo de Aznar no recurra a
«triquiñuelas e ilegalidades para hacer a los vascos pagar más de
lo que les corresponde».
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