Varios 'cócteles molotov' calcinan un cajero en Guipúzcoa.

Varios 'cócteles molotov' calcinan un cajero en Guipúzcoa.

OTR PressMadrid14/01/02 0:00
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La extorsión se produce a través de cartas que la banda ha seguido enviando desde el verano, solicitando el pago en euros, pero además incluyendo una cantidad de dinero «extra» en concepto de «intereses de demora» para aquellos que no han aceptado pagar el chantaje. A través de esta campaña de extorsión, dirigida a empresarios, abogados, ingenieros y médicos, entre otros profesionales, la banda terrorista exige el pago en euros de sumas que podrían oscilar entre los 30.000 y 60.000 euros, unos 5 y 10 millones de pesetas respectivamente, cantidades similares a las que los etarras exigieron en las remesas anteriores, que se vienen sucediendo como un «chorreo continuo» desde el pasado verano.

Desde que ETA comenzó a reclamar la extorsión en euros, ha mantenido un flujo continuo de cartas, tanto a empresarios como a profesionales liberales. Algunas de las cartas siguen llegando con el remite de un familiar del empresario y con todos los datos de su dirección completos. En el acoso que está realizando ETA al empresariado vasco se enmarcan los últimos atentados contra empresas vizcaínas, como el ocurrido el pasado 1 de diciembre contra dos sociedades de Vizcaya, en las que explotaron sendas bombas de cinco kilos de dinamita.

Aunque el pago del «impuesto revolucionario» se pudo incrementar durante el 2001 por los atentados de la banda, actualmente la mayor parte del empresariado vasco se está negando a pagar. Al menos el 90% de este colectivo rechaza someterse al chantaje de la banda terrorista, sobre todo aquellos que pueden contratar servicios de seguridad.

Recientes investigaciones policiales han permitido detectar movimientos de dinero en manos de ETA que pudieran estar relacionados con el «impuesto revolucionario». La Guardia Civil descubrió el pasado 18 de diciembre una furgoneta que había sido abandonada en la autopista que enlaza Bilbao con San Sebastián. Contenía 169 millones de pesetas (más de un millón de euros). Posteriores investigaciones confirmaron que el dinero pertenecía a ETA, y que su traslado podía obedecer al cambio de moneda a la nueva divisa comunitaria.