El presidente del comité de gobierno de Unió Democràtica de
Catalunya (UDC), Josep Antoni Duran Lleida, afirmó ayer que no
siente «la más mínima responsabilidad personal» por el denominado
«caso Pallerols», referente a una presunta financiación ilegal de
Unió con fondos de formación para parados. «No tengo nada que ver
con el caso y no he sacado ningún beneficio político del mismo,
sino que, al contrario, de esta situación han sacado rentabilidad
política adversarios internos y externos».
Duran Lleida, que aseguró que en «ningún momento» se le ha
pasado por la cabeza poner su cargo a disposición del partido, se
mostró convencido de que la investigación judical demostrará que
UDC «como tal» no recibió «ni una sola peseta de financiación
ilegal». Asimismo, reiteró la oposición de su partido a la creación
de un comisión de investigación en el Parlamento catalán. Respecto
al auto de la juez del caso en que aseguraba que Unió se
financiació con fondos ocupacionales, Duran Lleida señaló que «los
hechos probados se declaran en las sentencias, no en la fase de
instrucción».
El dirigente de Unió hizo estas declaraciones en una rueda de
prensa tras la reunión que celebró hoy en Barcelona el Consell
Nacional de UDC, en el que se aprobó convocar para los días 1 y 2
de junio en Sitges el 22 Congreso del partido, el primero que se
celebrará tras el acuerdo de federación con Convergència
Democràtica de Catalunya. Duran Lleida, acompañado por la
presidenta del Consell Nacional de UDC, Núria de Gispert, criticó
el «estilo» empleado por la oposición en Catalunya para «erosionar»
a CiU por el «caso Pallerols» y aseguró que Unió «pondrá la otra
mejilla si hace falta» y no sacará a la palestra casos como el del
AVE o el de Movilma.
El líder democratacristiano, en referencia a las críticas de los
socialistas Joaquim Nadal y Josep Montilla, aseguró que Unió no
hará nunca un «homenaje público» como los realizados por los
socialistas, en alusión a los actos de apoyo que se hicieron en su
día al senador Josep María Sala por el «caso Filesa» o a Rafael
Vera y José Barrionuevo por los casos «Gal» o «fondos reservados».
Por el contrario, Duran Lleida señaló que si la sentencia judicial
establece la responsabilidad de algún militante de Unió más allá de
los ya sancionados y expulsados entonces «se le abrirá un
expediente sancionador», aunque puntualizó que no espera más
imputaciones.
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