El Consejo de Ministros aprobó ayer por decreto ley la reforma del
sistema de protección por desempleo y del subsidio agrario, que
entrará en vigor el lunes, tras su publicación hoy en el BOE. El
texto suaviza ligeramente la primera propuesta del Ministerio de
Trabajo en lo relacionado con el concepto de oferta adecuada de
empleo, rebajando de 50 a 30 kilómetros y de 3 a 2 horas de
desplazamiento la distancia geográfica del lugar de trabajo con la
residencia del parado y lo vincula a sus circunstancias familiares
y personales. El Gobierno asegura que su intención al aprobar la
reforma un día después de la convocatoria de huelga general no ha
sido la de dar un golpe de efecto, sino evitar efectos perniciosos
sobre el empleo.
«Las medidas no se toman para sorprender. El Gobierno tiene que
actuar. Llevo más de un mes hablando de este tema y, una vez que
hemos podido formarnos opinión, y hemos sido sensibles a opiniones
ajenas de quienes han querido acudir a llevarnos sus propuestas,
tampoco es bueno seguir con procesos abiertos a expectativas que no
contribuyan a la mejora del empleo», afirmó el titular de Trabajo.
Según Juan Carlos Aparicio, el Gobierno ha pretendido ampliar la
protección con medidas de inserción laboral «conjugadas con
políticas activas y pasivas», incorporar colectivos actualmente
desprotegidos como el de eventuales agrarios y «abrir» la renta
activa de inserción a colectivos con más dificultades para acceder
al trabajo como emigrantes retornados, minusválidos y mujeres
maltratadas. Por ello, el Real Decreto supone «una clara mejora
respecto a la situación preexistente».
Explicó algunas de las medidas incluidas en la reforma como que
el «compromiso de actividad» "antes sólo obligatorio para los
beneficiarios de la renta activa de inserción" se generalizará a
todos los parados, con el fin de «potenciar la búsqueda activa de
empleo, saber quién está disponible y volcar sobre esas personas
más y mejores esfuerzos», lo que es además una «nota constante» de
la UE». Entre las sugerencias aceptadas por el Gobierno para
mejorar el texto, están las garantías de que no haya grandes
diferencias de profesión, salario o aspectos geográficos, cuando el
Inem ofrezca empleo adecuado a un parado.
Así, la norma limita la definición de «empleo adecuado» a 30
kilómetros de distancia con dos horas de desplazamiento, una
garantía de que la renta nunca quedará por debajo del salario
mínimo interprofesional, además de que se tendrá en cuenta «en todo
momento el resto de circunstancias personales y económicas» del
trabajador en paro. Respecto a la situación actual del rechazo de
la primera oferta de empleo o acción formativa, que «es la
situación hoy existente», recordó, el texto establece que para
penalizar con la retirada o recorte de la prestación haya hasta
«tres oportunidades para aceptar una oferta adecuada, siempre según
los servicios técnicos correspondientes», matizó.
Se adecúa el concepto de trabajador fijo discontinuo, a efectos
de la protección, a lo establecido en el Estatuto de los
Trabajadores, y se precisa el concepto de rentas incompatibles con
la percepción del subsidio. También se posibilita compatibilizar
las prestaciones por desempleo con el trabajo para sustituir con
desempleados a trabajadores de pequeñas empresas mientras estos
asisten a cursos de formación.
Respecto a los salarios de tramitación, el ministro aseguró que
la intención del Gobierno es lograr «la inmediatez de la entrada en
funcionamiento de las garantías de renta cuando se produzca la
pérdida del puesto de trabajo y que en todos casos haya continuidad
de ingresos. Según Aparicio, la modificación «más positiva» es la
de posibilitar que todos los trabajadores puedan acceder al sistema
contributivo de desempleo, porque aún «hay un grupo de más de
200.000 personas "temporales agrarios" que están excluidos»,
precisó.
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