El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón comunicó ayer a la
representante legal de Batasuna, Jone Goricelaya, que suspenderá
las actividades de la coalición abertzale el próximo lunes, una vez
que recibió el informe favorable a tal suspensión del teniente
fiscal de la Audiencia, Jesús Santos. El magistrado cumplió con la
diligencia prevista en el artículo 129 del Código Penal de
comunicar la decisión de clausurar los locales de Batasuna y
suspender sus actividades, antes de dictar el auto que hará firme
esta decisión. Ahora, se espera que Garzón haga público el auto por
el que se suspenderán las actividades de Batasuna el próximo lunes.
Antes habrá recibido a los inspectores de Policía de la Unidad
Central de Información para que ratifiquen los informes que han
servido de sustento para adoptar esta medida.
Tras más de una hora de comparecencia, Goricelaya aseguró que
había acudido al Juzgado Central de Instrucción número 5 para
cumplir con lo que exige la Ley. No obstante, fuentes presentes en
la comparecencia señalaron que la representante de Batasuna alegó
que la medida de Garzón es una «clara vulneración» de los derechos
fundamentales y de la tutela judicial efectiva, ya que, según dijo,
no han podido tener acceso a los informes de la UCI que han
motivado la resolución ni a las actuaciones, secretas hasta el 20
de julio. Según señaló Goricelaya ante Garzón, en el informe del
fiscal faltan imputaciones personales, como deben existir en
cualquier proceso penal. Además, indicó que la medida les genera
indefensión y consideró que es «desproporcionada», sobre todo por
los «efectos» que puede tener.
El miembro de la Mesa Nacional de Batasuna y portavoz de la
coalición en Navarra, Pernando Barrena, se refirió a la decisión
del juez afirmando que no esperaban «nada bueno» de él y
advirtiendo estar preparados «para estas eventualidades». Barrena
señaló que, con actuaciones como la del magistrado se demuestra que
«en el Estado español no hay reparto de poderes». El abertzale
señaló que existe «una perfecta sincronización en lo que se refiere
al objetivo de ilegalizar» a Batasuna y subrayó que Garzón se ha
caracterizado por actuar, hasta el momento, por la «subjetividad y
el hacer al albedrío de los intereses políticos del PP».
Tras recordar que su formación ya ha existido en la
clandestinidad, añadió que sabrán responder «a las exigencias que
va a plantear esta nueva situacion». «La izquierda abertzale es
mucho más que una organizacion política, es mucho más que Batasuna,
la izquierda abertzale es un sector de la población de este país,
un sector significativo que históricamente ha sabido organizarse y
ha sabido responder a los retos políticos que le deparaba la
situación en cada momento y, en este sentido, no tengo ninguna duda
de que, en estos momentos, sabremos hacerlo», añadió.
Barrena no descartó que Garzón proceda a la detención en
próximos días de dirigentes de la coalición abertzale y, «si se
lleva a la práctica, volverá a demostrar la impotencia histórica
que tiene el Estado español, y el PP, para solucionar el conflicto
vasco y esa querencia que tiene para llevar todo por los derroteros
de la represión y de la solución policial».
Además, y siguiendo con el embargo de las propiedades y cuentas
de Batasuna, Garzón dictó ayer una providencia por la que cita para
el próximo 23 de septiembre a los administradores de las sociedades
que figuran como titulares de las herriko tabernas y a las
asociaciones culturales dependientes de Batasuna que gestionan las
mismas para, de acuerdo con la Ley de Enjuiciamiento Civil,
comunicarles la administración judicial de estos locales. Esta
decisión del juez se enmarca dentro del auto que dictó el pasado 3
de julio, por el que se declaró la responsabilidad civil solidaria
de HB-EH-Batasuna respecto de los daños y desperfectos causados por
miembros de Segi, que actuaban a las órdenes de la coalición
abertzale.
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